La Policía Nacional en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla ha destapado un supuesto entramado de empresas ficticias que habrían defraudado más de 400.000 euros a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla y ha detenido a 110 personas, a las que se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, no descartándose nuevas detenciones.

La investigación comenzó con un informe realizado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social remitido a la Policía, en el que comunicaban supuestas irregularidades detectadas en torno a tres empresas, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Una de ellas se dedicaba a la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas; y las otras dos, a la construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al mayor y al por menor y distribución comercial.

Estas tres empresas presentaban un nexo común: la persona que ejercía como administrador único de cada una de ellas, de nacionalidad española y con domicilio en la capital hispalense.

TRES EMPRESAS FICTICIAS

Entre las primeras gestiones llevadas a cabo por los agentes, la Policía confirmó que las tres empresas eran totalmente ficticias, que no habían ejercido actividad laboral ninguna y que habían sido utilizadas de forma instrumental para cometer un fraude continuado a la Seguridad Social, ha añadido el comunicado.

Las siguientes diligencias arrojaron que la persona nexo de unión entre estas tres empresas --el administrador único-- era la presunta cabeza visible de la trama, existiendo al menos tres personas más que ocupaban un puesto en la cúspide del la organización.

La Policía Nacional ha señalado que estas tres empresas ficticias "habían sido construidas y utilizadas de forma instrumental con los siguientes fines: realizar falsos contratos de trabajo a cambio de fingir una relación laboral, ofrecían a terceras personas contraprestaciones económicas, así estos se beneficiaban de prestaciones indebidas por desempleo, prestaciones por incapacidades temporales, beneficios penitenciarios o trámites en las oficinas de extranjeros con el fin de conseguir un permiso para residir legalmente en España".

El segundo fin consistía en "la utilización de las empresas ficticias para dar de alta a su trabajadores, es decir, varios empresarios se aprovechaban de estas empresas pantalla, para dar de alta a sus trabajadores que realmente iban a trabajar en empresas legalmente establecidas, pero fueron dados de alta en las empresas ficticias, con la finalidad de ahorrarse y no hacer frente a los gastos de los seguros sociales de los mismos", ha agregado la Policía.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

El operativo policial tendente a la localización y detención de los investigados se inició el día 30 de agosto y ha finalizado el día 2 de diciembre desarrollándose tanto en la capital hispalense, como en distintos puntos de la provincia, existiendo el mayor número de implicados en la localidad de Carmona.

Las detenciones han ascendido hasta un total de 110 personas, aunque la investigación policial permanecerá abierta hasta la total localización y detención de resto de los presuntos implicados.

Asimismo, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de estas tres empresas en materia de Seguridad Social ha hecho que acumularan una deuda de más de 400.000 euros defraudados.

La operación policial denominada ''Operación Komochu'' está enmarcada en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.