Los inspectores de hacienda del Estado abogan por que la Agencia Tributaria (AEAT) se convierta en el recaudador único de las diferentes administraciones y que asuma la coordinación de la política tributaria del Estado en su conjunto.
Estas iniciativas se recogen en la propuesta de estatuto para la Agencia Tributaria presentada hoy por el presidente de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José Luis Groba, durante el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado.
La asociación ha decidido actualizar la propuesta de estatuto presentada hace más de tres años porque considera que es el "momento político idóneo" para aprobarlo, ya que los "cuatro principales partidos políticos" han coincidido en la necesidad de ponerlo en marcha.
De aprobarse esta iniciativa, la coordinación entre administraciones también se vería reforzada con la unificación de organismos que existen en distintos ámbitos, como por ejemplo el defensor del contribuyente, y se completaría con un régimen jurídico propio en materia de personal.
La puesta en marcha de un órgano de recaudación único pretende integrar la información sobre las deudas a cobrar y el patrimonio de los contribuyentes disponible en las distintas administraciones, con el objetivo de poner en marcha un sistema "muchísimo más barato, ágil y cómodo".
En materia de autonomía financiera, la asociación apuesta por utilizar de manera eficiente la posibilidad de aumentar el presupuesto de la Agencia en función de los ingresos derivados de sus actos de liquidación, lo que hubiera permitido contratar 3.000 funcionarios más que hubieran recaudado 1.122 millones de euros anuales.
A nivel organizativo, la organización de la Agencia se desligaría del secretario de Estado de Hacienda, cuyas funciones recaerían en el director general, que sería nombrado por el Parlamento por periodos de cinco años y para cuyo cese se establecerían una serie de "causas tasadas" con el objetivo de evitar la politización. La Aeat también contaría con un consejo de gobierno y un comité ejecutivo.
Otra propuesta consiste en la creación de una oficina nacional antifraude para expedientes complejos y nuevas formas de recaudación y un organismo multidisciplinar con inspectores de hacienda, funcionarios del Ministerio Fiscal y una "policía fiscal" de nueva creación.
Para la asociación, la delincuencia fiscal debería tratarse junto a otros fraudes ligados a ella, como la corrupción, el blanqueo de capitales o el contrabando.