La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) presenta hoy en la Audiencia Nacional su escrito de acusación contra Deloitte, en el que pide que se le prohíba realizar actividades de auditoría durante dos años por su presunta responsabilidad en las irregularidades del debut bursátil de Bankia.

En el documento, al que ha tenido acceso Efe, la acusación popular solicita la apertura de juicio oral contra la firma después de que el pasado 15 de septiembre la sección tercera de la sala de lo Penal procesara a Deloitte al revocar el sobreseimiento de la causa a su respecto dictado por el juez instructor Fernando Andreu.

La CIC considera que la multinacional, encargada de la auditoría externa de Bankia, incurrió en un delito continuado de estafa de inversores, previsto y penado en el Código Penal, que tras su reforma incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos en los que se acredite que la comisión de un delito por parte de alguno de sus integrantes se deriva de una falta de vigilancia y control de los riesgos y del cumplimiento de la normativa.

Además de la suspensión de las actividades, el escrito solicita la imposición de una multa de más de un millón de euros, a razón de 1.000 euros diarios durante tres años, así como de las costas procesales derivadas del proceso.

En su auto, la sección tercera de la sala de lo Penal revocaba la decisión del juez Andreu y procesaba a Deloitte, que hasta entonces sólo figuraba como responsable civil, tras estimar parcialmente el recurso de la CIC al considerar que "resulta difícil afirmar sin cuestionamiento que la sociedad fiscalizó adecuadamente las sucesivas auditorías siendo que al tiempo se producía un beneficio para la entidad".

Unos fundamentos en los que profundizó en su voto particular la juez Clara Bayarri, que recordaba que Deloitte no sólo fue la responsable de los informes de auditoría del BFA-Bankia firmados por su socio, Francisco Celma, también procesado, sino que previamente ya había prestado trabajos de consultoría financiera para la formulación de los estados empleados para la salida a Bolsa.

Labores por las que, prosigue la magistrada, fue sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y que o bien "no debió aceptar por falta de independencia" o "de hacerlo, no debió haber designado al mismo auditor que con anterioridad había designado para la elaboración del modelo de estados financieros y para asesorar al grupo en relación a la estructura del negocio".

En declaraciones a Efe, el presidente de la CIC, Gonzalo Postigo, incide en este hecho y asegura que la prohibición solicitada desde el sindicato es "una cuestión que el ICAC debería haberse planteado cuando sancionó a Deloitte".