España no podrá evitar los 22 millones de euros de multa que le impuso en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no liberalizar el sector de la estiba, pero podrá librarse de 134.000 euros diarios adicionales si cumple con sus obligaciones antes de que la corte dicte un segundo fallo.
La obligatoriedad para España del pago de 27.000 euros por cada día que transcurra desde la publicación de la primera sentencia del TJUE el 11 de diciembre de 2014 es innegociable, indicaron fuentes conocedoras del caso.
Si la reforma que exige Bruselas no se produce, el TJUE dictará una segunda decisión judicial por incumplimiento y a esa cantidad que ronda los 22 millones de euros habrá que sumar otros 134.000 euros diarios.
Esa cantidad deberá entonces multiplicarse por el números de días transcurridos entre la segunda sentencia y el momento en el que Madrid apruebe la reforma que sitúe al sector dentro de la legalidad comunitaria.
Los sindicatos de estibadores han desconvocado la huelga que iban a iniciar mañana, después de que el Congreso rechazara la convalidación del real decreto-ley de la reforma de su régimen de trabajo a la que obliga una sentencia condenatoria de la justicia europea.
La convalidación del real decreto en el Congreso está fijada para el próximo 24 de marzo y, según trasladó al Gobierno la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, cumple con la legislación europea.
En una misiva remitida a inicios de marzo al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, Bulc señalaba que, una vez convalidado el real decreto ley, y siempre que su esencia no haya sido alterada durante la tramitación, informará al tribunal del cumplimiento de sus exigencias para proceder al cierre del caso y evitar así la multa diaria impuesta a España.