El reparto de la pesca en España es "inflexible", inaccesible para algunas flotas y, además, genera gastos y pocos ingresos a las arcas públicas, según un informe de la fundación NEF (New Economics Foundation o Fundación de la Nueva Economía).

El estudio analiza la gestión pesquera en 12 países de la Unión Europea (UE) y concluye que los Gobiernos deben "esforzarse" más para conseguir un acceso justo a los caladeros que beneficie más a la industria y a los ciudadanos.

NEF evalúa en cada uno de los países si su política es "buena para la sociedad", "transparente y responsable" o "buena para los pescadores"; en el caso de España, señala que los dos primeros objetivos se cumplen bien, pero no el tercero.

Además, critica que con esta gestión la Administración obtenga pocos ingresos públicos, por lo que recomienda medidas que, admite, pueden resultar "poco populares", como un impuesto a las descargas en los puertos o eliminar las ayudas al gasóleo pesquero.

España obtiene mejor clasificación en la investigación de NEF en aspectos como la "propiedad pública" de las oportunidades de pesca, el cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales y de la UE o la gobernanza.

Pero NEF critica la "falta de flexibilidad" en la distribución de cuotas pues, a su juicio, alguno de sus condicionantes -como los criterios históricos- obstaculizan a las flotas acceder a nuevas posibilidades de capturas o intercambiar las que ya existen.

Señala que, además, es difícil la incorporación a la actividad de nuevos pescadores, si bien reconoce que puede deberse a las reglas sobre el límite de capacidad de la flota comunitaria.

"En teoría, el sistema español utiliza múltiples criterios para asignar cuotas; en la práctica no garantizan incentivos para prácticas sostenibles o la continuación de pesquerías vulnerables como la de caña de pequeña escala del atún rojo", según ha declarado el economista de NEF Griffin Carpenter, en un comunicado.

La fundación alude en el estudio al ejemplo específico del atún rojo del Mediterráneo y señala que en España el reparto de sus capturas debería favorecer más a los buques artesanales.

Por otro lado, NEF resalta que se obtienen pocos ingresos públicos de la gestión pesquera y que el Gobierno debería "compartir sus costes" porque la restricción de nuevas licencias ha generado beneficios a algunos segmentos de la flota.

Por ello, aboga por estudiar un impuesto a los desembarcos diferenciado por puertos y por reducir las exenciones fiscales al gasóleo, pues aunque estas actuaciones encarecerían los costes de los buques "reducirían la carga del Gobierno y favorecerían una mayor eficiencia energética".

Respecto a las cuotas, NEF aconseja un sistema de intercambio "entre pares" con más flexibilidad y sin contrapartida económica, si bien defiende su titularidad pública; sugiere que se reserven cupos especiales para los jóvenes.

Carpenter ha declarado que la pesca "ha de ser sostenible, pero "también justa" y que España "puede apoyar a los pescadores y a las comunidades costeras" con una mejor gestión.