El plan de negocios que se va a aplicar en la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) prevé la reducción de la presencia internacional del banco portugués y la venta de las operaciones en España, recoge hoy el diario luso Jornal de Negócios.

Según el medio, el mayor banco de Portugal venderá los negocios en España, Brasil y Sudáfrica, procesos que están en una "fase exploratoria" y que deberá poner en práctica la próxima administración, liderada por Paulo Macedo.

En la actualidad, CGD tiene unas 110 oficinas en España, que emplean a cerca de 500 personas.

Además de la venta del negocio en España, Brasil y Sudáfrica, también se cerrarán algunas sucursales, como las oficinas de Londres y Nueva York, y se analizará el interés que mantienen otros mercados donde el banco está presente, como Francia, Luxemburgo y Timor.

El objetivo es concentrar la presencia internacional de CGD -que está en proceso de recapitalización- en los países africanos de lengua portuguesa, principalmente Mozambique, Angola y Cabo Verde, y en Macao (antigua colonia lusa en China).

En el área de los negocios se prevé que las operaciones internacionales del banco contribuyan con 120 millones de euros a los beneficios del grupo en 2020, en torno al 18 % del total.

CGD va a ser sometida a una reestructuración basada principalmente en la reducción de costes para conseguir que el banco vuelva a los beneficios ya en 2017.

El plan prevé, además de la reducción del negocio internacional, la racionalización de la actividad doméstica, con la salida de unos 2.200 trabajadores que permitirán un ahorro de 75 millones de euros hasta 2020.

El Gobierno portugués y la Comisión Europea acordaron el pasado agosto un plan de recapitalización para el banco de unos 5.000 millones de euros, que empezará a ejecutarse en 2017.

La entidad va a someterse también a un cambio de administración, ya que el hasta ahora presidente, António Domingues (en el cargo desde agosto) y la mayoría de los administradores dimitieron recientemente debido a una polémica sobre la entrega de sus declaraciones de renta y patrimonio al Tribunal Constitucional.