La CEOE considera que se debe recuperar el acceso a la vivienda y reactivar su producción para alcanzar las 150.000 unidades iniciadas al año y equiparar a España a los ratios de la UE, una normalización en la producción que supondría la creación de 500.000 puestos de trabajo de forma sostenida.

De acuerdo con un informe elaborado por la CEOE y presentado por el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, para lograr el acceso a la vivienda los agentes y las administraciones públicas deben conseguir reducir los costes de producción de vivienda.

Todo ello teniendo en cuenta que el poder adquisitivo y la capacidad de endeudamiento de los españoles ha cambiado.

En este sentido, reclama medidas legislativas, fiscales y de desbloqueo de la financiación.

"Es el momento de la regeneración del sector inmobiliario y de poner los mimbres para que vuelva a tener un peso destacado en el PIB", ha subrayado el presidente de la patronal de la construcción, que se integra dentro de la CEOE.

Y es que, si en 2007 se iniciaban 800.000 viviendas, en 2014 los visados de obra nueva se situaban en 35.000 y en 2015 en 50.000, lo que ha supuesto la destrucción de alrededor de 1,4 millones de empleos.

Por ello, considera necesario reactivar la producción de vivienda, tanto la obra nueva como la rehabilitación y regeneración urbana, y crear un parque de viviendas en alquiler viable.

Por su parte, el presidente de la patronal de los promotores y constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha subrayado que no se recuperará el empleo en España mientras el sector inmobiliario no tenga una actividad lógica y continuada.

De cara a facilitar el acceso de los jóvenes a una primera vivienda, propone a modo de ejemplo un plan de vivienda que pueda ofrecer a estos compradores una garantía del 15-20 % a modo de aval, que los bancos puedan ampliar el préstamo hasta el 95 % y que el comprador tenga ahorrado al menos el 5 % del precio.

Asimismo, reclaman un tratamiento fiscal más beneficioso ya que representa el 25 % de su precio, medidas orientadas a reducir la carga burocrática de la tramitación urbanística, así como aquellas dirigidas a lograr una financiación alternativa a la bancaria.

También una revisión profunda de los marcos regulatorios en materia de urbanismo, un marco jurídico único y uniforme, un programa de desarrollo urbano sostenible, modificar el marco jurídico de la vivienda protegida para adecuarlo a la falta de ayudas existentes.

Además, piden transparencia y facilidad en las ayudas a la vivienda y que sean a largo plazo y no dependientes de los gobiernos, lograr una mayor agilidad en la obtención de licencias, fórmulas que faciliten la incorporación del suelo al proceso industrial del sector inmobiliario, que no se proteja la vivienda sino a las personas, o replantear el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

A la hora de facilitar la financiación, el sector inmobiliario considera interesante incorporar instrumentos como el crowfunding, o incrementar el tamaño de las empresas para que estas puedan emitir deuda en el mercado.