El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizará este martes el informe elaborado a raíz de la invalidación de la subasta que sirve para fijar la tarifa eléctrica del pasado 19 de diciembre por "la concurrencia de circunstancias atípicas".

La subasta, denominada Cesur, arrojó un incremento del coste de la energía del 25,6 %, lo que se hubiera traducido en un alza en la tarifa final del 10,5 %, ya que el resultado de este puja representa algo menos de la mitad de la factura eléctrica.

Ante estos resultados, el Gobierno intervino y aprobó un real decreto-ley para establecer una subida media de la electricidad del 2,3 % durante el primer trimestre de 2014, período que aprovechará para elaborar un nuevo sistema que fije el precio de la electricidad.

La CNMC argumentó su decisión de invalidar la puja ante "la concurrencia de circunstancias atípicas y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas" y avanzó que en dos semanas haría público el informe detallando los motivos que justifican su decisión.

Cuando se publicó la resolución sobre la anulación de la subasta ya se detallaron algunas de estas "circunstancias atípicas": menor volumen subastado del habitual, menos rondas (se cerró en la ronda 7 cuando nunca antes se había concluido antes de las 12) o mayores diferencias de precios (por encima del 7 %) entre el producto base resultante de la subasta y las referencias del mercado a plazo.

A estas circunstancias, se sumó un contexto de precios elevados en el mercado eléctrico por diversas causas ya que la menor producción eólica y la indisponibilidad de algunas centrales se juntó con una mayor demanda por el frío que tuvo que cubrirse con centrales de gas, habitualmente más caras, en un contexto de elevados precios de esta materia prima.

Desde hace cuatro años, el regulador, la antigua Comisión Nacional de Energía (CNE), venía recomendando cambiar el esquema de estas subastas.

La CNMC había iniciado además un proceso de información previa recientemente para analizar los movimientos inusuales que se estaban produciendo en la fijación de precios del mercado mayorista.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a afirmar que hubo "una clara manipulación" de la subasta eléctrica ante lo que las empresas del sector reclamaron "transparencia" para que se publicaran con rapidez todos los datos de la subasta y los argumentos para anularla.

La tarifa eléctrica de último recurso o TUR, que a partir de enero se denomina precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, y a los que se suman los impuestos.

Los peajes los fija el Gobierno a través de una orden ministerial y sirven para retribuir todas las actividades reconocidas al sistema.

La otra parte, el coste de la energía, se decide en estas subastas trimestrales Cesur en las que participan distintos agentes, entre ellos los bancos, más allá de las eléctricas.