El Gobierno ha propuesto a los sindicatos "endurecer" el despido objetivo de 20 días por año trabajado por causas económicas en el marco del desarrollo reglamentario de la reforma laboral. La medida está incluida en el borrador del Real Decreto en el que se define el procedimiento por el que las empresas podrán despedir por la vía objetiva.

El Ejecutivo plantea en el mismo que las empresas sólo puedan acogerse al despido objetivo por causas económicas (de indemnización de 20 días por año) en los expedientes de regulación de empleo (ERE) si demuestran que las pérdidas económicas previstas no van a ser sólo coyunturales.

Cuestión de viabilidad

En la reforma laboral aprobada con carácter definitivo el pasado septiembre se considera que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa "se desprende una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo".

El concepto de "pérdidas actuales o previstas" no gustó nada a las centrales sindicales, que insinuaron que tal definición podría convertirse en un "coladero" para que las empresas se acogieran a despidos de 20 días. El Gobierno, por su lado, se defendía diciendo que, en todo caso, debía ser un juez el que determinara si la empresa cumplía o no esa condición.

Ahora, en el borrador que ha remitido a los sindicatos, el Gobierno ofrece modificar ese aspecto de la Ley para conseguir un mayor control sobre las empresas que se acogen a un ERE de extinción alegando pérdidas económicas.

ERE de extinción

A la hora de iniciar un ERE porque prevé tener pérdidas en el futuro, el empresario tendrá que "presentar un informe técnico sobre el carácter y evolución de esa previsión de pérdidas" basándose en las cuentas de ejercicios pasados, los datos del sector, la evolución del mercado y la posición en el mismo de la empresa. "Igualmente, deberá acreditar que las pérdidas previstas no tengan un carácter coyuntural", reza el proyecto. El decreto deja en manos del empresario toda la responsabilidad de demostrar por qué tiene necesidad de llevar adelante un ERE, tanto por causas económicas como por causas organizativas o tecnológicas.