Los sindicatos dicen que aún no descartan la convocatoria de una huelga general porque está en función de la flexibilidad "real" que demuestre el Gobierno a la hora de presentar su planteamiento sobre la reforma de las pensiones.

Así respondió el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, durante una entrevista en el canal 24 horas de TVE, a la que acudió junto al secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.

Ferrer dijo que la condición necesaria para alcanzar acuerdos es que el sistema de las pensiones se sitúe fuera de la "ruleta" de la coyuntura política y que se recupere el consenso de los partidos

"Esa es la clave" subrayó Ferrer, quien añadió que el Gobierno debe hacer "todo lo posible" para recuperar el consenso, y también el Partido Popular.

Sobre la reunión a tres bandas -Trabajo, patronal y sindicatos- que estaba prevista para mañana, Ferrer confirmó que se ha aplazado porque no han coincidido las agendas del Ministerio de Trabajo y de la CEOE, pero que el objetivo es que sea "esta semana".

Dicha reunión es la primera en la que se incorpora el nuevo presidente de la CEOE, Juan Rosell, y está previsto que se hable no sólo de la reforma de las pensiones, sino también de otras cuestiones, como la reforma laboral o la negociación colectiva, dentro de la voluntad de las partes por alcanzar un pacto global.

En este sentido, Lezcano dijo que la incorporación de la CEOE es "fundamental", porque se trata de una acción concertada para incorporar a la negociación a todos los agentes sociales y también a las fuerzas políticas.

"No sobra nadie", señaló Lezcano, quien añadió que "valía la pena" apostar por la incorporación de la CEOE, una vez resueltas las dificultades internas de la organización.

Para Lezcano, una cuestión con tanta trascendencia como el sistema público de pensiones "requiere el más alto consenso" y añadió que los sindicatos no comparten, por tanto, lo que afirmó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando aseguró que "peor que la ausencia de consenso es la ausencia de reformas".

En cuanto a la intención del Gobierno de alargar la edad de jubilación a los 67 años a excepción de los trabajadores que hayan cotizado 41 años, Ferrer se mostró "sorprendido" por esta propuesta que, dijo, "no se ha visto" en las reuniones.

En cualquier caso, dijo que el Gobierno pretende reducir el gasto y endurecer el acceso de la pensiones pero que esa cuestión es sólo "la punta del iceberg".

Recordó que también se ha hablado de subir el período de cálculo de las pensiones o de suprimir la jubilación parcial.

Ferrer subrayó que los sindicatos están dispuestos a buscar alternativas pero que "en absoluto" pasen por acortar derechos.

Lezcano señaló que el Gobierno ha cometido el error de vincular la reforma de las pensiones con mensajes a los mercados y que se debería actuar más sobre los ingresos que sobre los gastos.

Ello supone crear más empleo y de mejor calidad para que aumente la cotización, según Lezcano.

En su opinión, también debería aumentar el salario mínimo interprofesional y así se evitarían "las compras" de las pensiones que se producen en algunos colectivos cargando más cotizaciones en los últimos años de su vida laboral.

Para Lezcano, si se incentiva la jubilación voluntaria más allá de los 65 años y se acerca la edad legal de jubilación a la real, hay "condiciones de conseguir efectos muy similares" a lo que pretende el Gobierno, sin necesidad de alargar la vida laboral hasta los 67 años.