EN ESTE año que empezamos se plantea como necesaria la reforma de la administración pública, con el objetivo, según se enuncia, de disminuir los costes que la misma está suponiendo para el erario público.
Esto parece, en un principio, muy loable para cualquier actividad que se desarrolle en nuestro país de aquí en adelante, ya que, según indican los expertos, no hemos sido muy eficientes gestionando el gasto en estos años. Sin embargo, sugerimos que conviene tener en cuenta que no consiste necesariamente en reducir costes por reducir, sino que tiene que haber otras razones para llevar a cabo dichas actuaciones. Como siempre, en España tenemos la tendencia a utilizar "el principio del péndulo", o sea, nos pasamos de frenada, imponiendo medidas de corte completamente opuestas a lo anterior sin razonar acerca de lo adecuado de las mismas. No entraremos a detallar ninguna, ya que cualquier español es capaz de citar varios ejemplos.
Esta forma de razonar pudiera estar inspirada en el abuso del "impulso" más que en la planificación y análisis de los problemas. En este caso, por lo trascendente, consideramos que antes de proceder a "eliminar" el sector público, en cualquiera de sus formas, debemos reflexionar acerca de sus ventajas y desventajas.
Desde la perspectiva liberal, se plantea que el sector público resulta intrínsecamente ineficiente a la hora de resolver cualquiera de los problemas que en su momento inspiraron su creación. Efectivamente, conocemos multitud de casos en que la gestión pública deja mucho que desear a la hora de entregar bienes o servicios a los ciudadanos. Sin embargo, nos gusta emplear el término "mejorable" porque consideramos que debemos analizar el problema desde un punto de vista constructivo, ya que debemos aprovechar aquellos aspectos positivos que contienen y que han marcado su desarrollo.
Si analizamos las razones que han justificado la presencia del sector público en los diferentes ámbitos, en términos simples, nos encontramos, según indican los teóricos, con que en unos casos se trata de servicios considerados como públicos y, por lo tanto, rigen los principios de legalidad y seguridad cuando se desempeña el mismo, mientras que en otros, sin embargo, son razones de política económica las que justifican la presencia del sector público, esto es, que el Estado considera necesario que el sector público tenga presencia en determinados sectores, porque quiere "garantizar" un mínimo nivel de servicio, o porque no existen empresas privadas capaces de ofertar dicho producto o servicio.
Como vemos, en esencia, la intervención pública pretende aportar mejoras a la sociedad tanto civil como económica. No obstante, en nuestro caso hemos de admitir que esta concepción de servicio público que ha prevalecido en estos años ha venido inspirada bajo la concepción de un Estado paternalista, donde se "garantizan" desde el aparato estatal una serie de servicios y bienes que son considerados como socialmente importantes y donde, además, el Estado, mediante normas, mantiene un amplio control de la actividad económica, con el fin de evitar actuaciones "indeseables" de los operadores privados, lo que supone presuponer que estos privados inicialmente tienden a "no hacerlo bien".
Este estado de cosas, sin embargo, está cambiando de una manera radical, donde la crisis económica no ha hecho más que acelerar los cambios que estructuralmente parecían necesarios. Efectivamente, el Estado paternalista resulta caro y "pesado" para una economía que tiene serias dificultades para crecer. En la lógica económica actual, se entiende que los papeles tienden a invertirse, esto es, si queremos crecimiento económico, necesitamos que sean los privados los que empujen la economía con propuestas innovadoras y eficientes, ya que es la iniciativa privada la que marca el ritmo en las economías de mercado. Para ello, es necesario proceder a liberalizar gran parte de los sectores que venían siendo regulados por el Estado, desmontando normas y limitaciones existentes, así como "restando" protagonismo al sector público en ciertos sectores para dejar espacio a la iniciativa privada.
Sin embargo, y sin quitar importancia a la necesidad que tenemos de realizar cambios en nuestro sistema, debemos analizar el proceso mediante el cual se pretenden estos cambios. Hemos asistido a procesos de liberalización que han supuesto importantes perjuicios para la población en general, generando "guetos sociales" que dicen poco de una sociedad moderna. Se supone que los cambios económicos, siendo conscientes de los sacrificios que implican, han de lograr sociedades más equilibradas y justas que permitan el crecimiento sostenido a largo plazo. Existen una serie de servicios básicos que deben seguir siendo garantizados a la población con calidad, en la medida que un país se mide por la calidad de los mismos.
Además, es importante destacar que, aunque una mayor liberalización implica una mayor capacidad de elección para el ciudadano, deben crearse los mecanismos para que la información sea veraz, completa y fluya adecuadamente, teniendo en cuenta, además, que para poder entender la información y poder elegir se requiere un mínimo de conocimientos previos. Todo esto en medio de un entorno cada vez más complicado, donde los problemas son a su vez más complejos y cambiantes, y donde la población no está "adiestrada" a manejarse en estas circunstancias.
Consideramos, por tanto, que la presencia del sector público deberá seguir siendo necesaria en determinados sectores y circunstancias que deben ser analizados adecuadamente, ya que corremos el riesgo de permitir que existan situaciones de desigualdad en los mercados, donde una de las partes lo conoce todo y la otra lo desconoce por completo. No nos olvidemos de que para que los mercados actúen correctamente se necesita que la transacción sea lo más justa posible y exista una auténtica libertad de elección. Recordemos, en tal sentido, lo que ha venido sucediendo en los mercados financieros internacionales, donde los "sesudos" intermediarios financieros aceptaron transacciones perjudiciales para ellos, por el hecho de no saber lo que realmente estaban comprando.
Los procesos de liberalización deberán seguir un paulatino y firme proceso de implantación, manteniéndose ajenos al discurso político, ya que no pueden paralizarse en función de las circunstancias económicas favorables del momento ni estar supeditados a la discusión entre partidos que más convenga en ese momento para conseguir más votos. Los procesos de liberalización no son simples cambios económicos, sino que competen a toda la sociedad, ya que van a afectar al comportamiento de los individuos, a su relación con el resto, a su bienestar, a sus futuras pensiones, a sus servicios básicos, en definitiva, a su calidad de vida, que es de lo que se trata.
Estas reflexiones no deben hacernos perder el norte en un aspecto fundamental, como es el protagonismo de los gestores públicos. Es importante destacar que resulta esencial que los servicios públicos que se decidan mantener deben ser, incluso, más eficientes que los privados, ya que de otra manera dejará de tener sentido su existencia. Esta cuestión requerirá futuros comentarios.