Las compañía mexicana América Móvil, -bajo la marca Claro-, y Telefónica han ofrecido entre 70 y 95 millones de dólares, respectivamente, para adjudicarse una de las licitaciones que les permitiría operar en Costa Rica tras la apertura de su mercado de telecomunicaciones.

La oferta más alta la hizo Telefónica, al proponer 95 millones de dólares por el permiso para operar en una de las tres bandas radioeléctricas que se abrirán a la competencia en el país centroamericano tras más de 60 años de monopolio estatal.

La compañía española valoró en 70 millones el costo de operar otra de las bandas, según reveló la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en un evento público en el que se abrieron los sobres con las ofertas económicas.

Por su parte, América Móvil, bajo la marca Claro, ofreció entre 73, 75 y 77 millones de dólares por las distintas bandas en competencia.

Telefónica sólo mostró interés en dos de las tres bandas abiertas por el Gobierno costarricense.

Tras anunciar los montos, la Sutel indicó que recomendará al Poder Ejecutivo otorgar a Telefónica la banda por la que pagaría 95 millones de dólares, y a Claro, la ofertada en 75 millones.

Ambas empresas habían entregado su oferta técnica a la Sutel el pasado 14 de diciembre.

El monto base de las ofertas económicas según estipuló la entidad reguladora era de 70 millones de dólares y la concesión se dará por un periodo de quince años.

Entre los requisitos que se solicitaron a las empresas están el contar con al menos 1,8 millones de suscriptores móviles, cinco años de operación en mínimo un país y haber tenido ingresos anuales superiores a los 450 millones de dólares durante tres años consecutivos.

La Sutel espera que las empresas que ganen la licitación puedan empezar a operar en Costa Rica en septiembre del próximo año, pues el Ejecutivo deberá anunciar su decisión final en las próximas semanas.

Costa Rica acordó la apertura de su mercado de telecomunicaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, firmado en 2004 y aprobado mediante un referendo en octubre de 2007.