La Comisión Europea (CE) propuso ayer crear un impuesto para reducir las contribuciones de los estados miembros al presupuesto comunitario. Además, se mostró dispuesta a revisar la política de cohesión para apoyar las grandes prioridades europeas, en lugar de dedicarse a reducir la disparidad entre regiones ricas y pobres. Esos fondos deberán servir para alcanzar los objetivos de la llamada Estrategia económica 2020.

Bruselas planteó como posibles opciones gravar la actividad financiera, las transacciones bancarias, las ventas de las cuotas de emisiones contaminantes, el transporte aéreo o establecer un IVA europeo específico, una tasa energética o un impuesto de sociedades.

En el documento presentado por la CE para revisar la actual estructura presupuestaria, que servirá de base para elaborar las perspectivas financieras a partir de 2013, se establecen asimismo las prioridades que deben guiar a la Unión (UE), entre ellas la financiación de grandes proyectos de infraestructura y tecnologías "verdes".

Asimismo, la CE cree que la Política Agrícola Común (PAC) debe evolucionar, aunque sólo sea porque los valores de referencia para los pagos directos a los agricultores se establecieron hace diez años. Baraja una reforma que puede ir desde cambiar los criterios para el reparto de las ayudas directas que reducen los desequilibrios hasta vincularlas al respeto del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En este sentido, la Comisión recuerda que si en 1988 la parte de la agricultura en el presupuesto de la UE era del 65%, hoy representa el 40%.

Respecto a las políticas de cohesión, señala que debería revisarse para garantizar que sus objetivos "se reflejan en las prioridades de inversión y están en consonancia con los programas de reforma nacionales", indica el documento. En éste se sugiere crear un "contrato de asociación" para el desarrollo de la inversión dentro de una estrategia común.

Otra de las iniciativas mencionadas es cooperar con el Banco Europeo de Inversiones y usar instrumentos financieros como los fondos de proyectos europeos para que las arcas comunitarias puedan atraer recursos sin tener que aumentar su presupuesto.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario defiende que el presupuesto sea "más flexible", con un marco financiero de diez años, en lugar de los siete actuales, que podría revisarse a los cinco.

"Ahora que el gasto público se mira con lupa, proponemos un presupuesto comunitario adecuado para los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos sin tener que aumentar el gasto, sino centrándonos en las prioridades", declaró el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.

En 1988, las contribuciones de los estados miembros a las arcas comunitarias suponían el 10% del presupuesto de la UE, mientras que hoy representan el 70%, una situación que no sólo va en contra del espíritu de los tratados, sino que genera duros debates sobre el concepto de "contribuyente neto", que está en el origen de peculiaridades como el llamado "cheque británico", la compensación que recibe Reino Unido por no beneficiarse de las ayudas agrícolas.

La revisión presupuestaria fue una petición que hizo en 2005 el Consejo Europeo para que se examinaran todos los gastos comunitarios, incluida la PAC y el "cheque británico", y servirá de base para la definición del próximo marco financiero. Las propuestas formales tendrán que presentarse de aquí a finales de junio de 2011.

Control del riesgo

Los gobiernos europeos han dejado encarrilada esta semana la mayor reforma de su unión económica y monetaria desde que fue creado el euro hace una década. El acuerdo político anunciado el pasado lunes en el seno del grupo especial que ha presidido desde mayo Herman van Rompuy conducirá a un fortalecimiento inédito de la disciplina presupuestaria y a la introducción, por primera vez, de una verdadera vigilancia macroeconómica multilateral.

Se trata de evitar, so pena de fuertes sanciones políticas y financieras, que se repitan derivas presupuestarias como la de Grecia o perniciosas burbujas inmobiliarias como las que han disparado el déficit en España e Irlanda.

En este sentido, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, exigió ayer a todos los países de la eurozona que presenten estadísticas fidedignas.

Por otro lado, en Luxemburgo, los ministros de Finanzas de la UE aprobaron la legislación que pretende introducir un mayor control sobre los gestores de fondos de alto riesgo, considerados uno de los instrumentos especulativos que contribuyeron a agravar la crisis.