El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, amenazó ayer con denunciar ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a las navieras que se ocupan del transporte marítimo de mercancías entre las Islas y la Península si mantienen el "abusivo" incremento del 40% de sus tarifas, al tiempo que advirtió de que, si no se llega a un acuerdo "razonable", reclamará al Estado que esos traslados tengan la declaración de servicio público.

Así lo anunció Rivero tras reunirse en Las Palmas con los presidentes de la autoridades portuarias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, así como con representantes de las confederaciones provinciales de empresarios y asociaciones sectoriales para analizar el encarecimiento de los fletes marítimos ejecutado este mes.

El titular del Ejecutivo autónomo destacó que el importe del traslado de las mercancías es una materia "muy sensible para Canarias", tanto para garantizar su abastecimiento como para exportar. Incidió en que "en el Archipiélago no hay alternativas como en el continente, y por ello depende casi exclusivamente del barco".

El aumento del coste de los fletes se produce, expuso, cuando "no hay ningún argumento que lo justifique, sino todo lo contrario", ya que los precios de los combustibles tienden a la baja, también se van a reducir las tasas de los puertos y no han subido los costes laborales del sector, como tampoco ningún otro gasto productivo de las navieras, señaló Rivero.

Desde esa convicción de que "no hay ni una razón que justifique un incremento tan espectacular" de dicha tarifas, el presidente del Gobierno isleño anunció que va a convocar a las navieras que conectan Canarias con la Península una vez que haya encargado un informe comparativo sobre los costes y precios de las mismas y los que tienen otras líneas marítimas con salida o destino en Canarias, en especial de ámbito europeo.

A partir de dicho estudio, el Ejecutivo reclamará a las compañías que "ajusten sus precios a la realidad y renuncien a dicha subida", dijo Rivero, que añadió que, en caso de que no se avinieran a razonas, las denunciará ante la CNC.

Además, apuntó que, "si fuera necesario, Canarias impulsará la declaración de obligación de servicio público de las conexiones marítimas con la Península, lo que permitiría a las autoridades estatales "fijar los precios máximos que se pueden cobrar" en ellas.