La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María Salud Gil, advirtió hoy de que la intención del Gobierno central de modificar el Real Decreto que ampara el Plan de Vivienda estatal constituye el "certificado de defunción del sector inmobiliario y la frustración definitiva del derecho constitucional del acceso de los ciudadanos a las viviendas".
La organización recuerda en un comunicado que en la pasada Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada el pasado 27 de julio, el Ministerio de Vivienda anunció una serie de medidas encaminadas a reducir las ayudas establecidas en el Plan de Vivienda 2009-2012.
Gil resalta que este Plan de Vivienda se publicó el 24 de diciembre de 2008 y que los convenios con las entidades financieras se firmaron el 22 de julio del 2009, por lo que la entrada en vigor propiamente dicha del citado Plan de Vivienda, no se produce hasta finales del año 2009.
Por tanto, critica que "no ha transcurrido un año desde la entrada en vigor del Plan de Vivienda y se están anunciando medidas de recorte en las ayudas".
CONVENIO CON LOS BANCOS
Asimismo e incidiendo en el tema importante de la financiación, subraya que, si bien el Ministerio firmó con las entidades financieras el convenio para financiar viviendas protegidas, "el día a día demuestra que dicho convenio está vacío de contenido, pues no hay voluntad por parte de las entidades financieras de otorgar financiación al sector inmobiliario y menos aún para nuevos proyectos de viviendas protegidas".
Al entender de la AECP, este anuncio de reducción de las ayudas que establece el vigente Plan de Vivienda 2009-2011, demuestra "que el sector de la promoción inmobiliaria está siendo maltratado de una forma recurrente desde las instancias políticas y, por ende, a los adquirentes de viviendas".
Además de que "se sigue transmitiendo por parte de los actuales gobernantes una inseguridad impropia de una economía que necesita crecer para intentar minimizar las consecuencias sociales que ocasiona tener la tasa de desempleo mas alta de Europa".
En opinión de María Salud Gil, "si con este planteamiento y en la actual coyuntura es imposible que alguien se pueda plantear iniciar nuevos proyectos, peor aún es cortar la vía de desmovilización más efectiva de los stocks de viviendas preexistentes en mercado".
En este sentido, precisa que en la exposición de motivos del Plan de Vivienda 2009-2012 unos de los objetivos fundamentales es eliminar el stock de viviendas. Para ello se hace necesaria la posibilidad de calificar las viviendas que actualmente son libres como viviendas protegidas existentes o usadas, de manera que éstas puedan mantener las actuales ayudas.
APOYO BÁSICO
Según dicha entidad, "la ayuda estatal directa a la entrada que se pretende eliminar constituye un apoyo financiero básico, imprescindible para el primer acceso a una vivienda". Para Gil, "el anunciado recorte mermará significativamente las posibilidades de acceso a la vivienda a gran parte de la población canaria".
"Es obvio que en época de crisis el gobierno quiera mejorar la gestión de los recursos, pero resulta incomprensible que se quiera eliminar una ayuda básica para que las familias con menos recursos puedan acceder a una vivienda", añadió, al tiempo que considera que "se trata de una medida totalmente antisocial e insolidaria y que afecta en mayor medida a los que menos tienen".
Igualmente, resalta que la alternativa propuesta por el Ministerio de elevar el porcentaje de financiación al 90 por ciento (hasta ahora 80%) del precio de la vivienda ya ha sido descartada por las propias entidades de crédito ante las recomendaciones del Banco de España.
EFECTO "PERNICIOSO" SOBRE EL EMPLEO
La presidenta de la AECP considera que las medidas provocarán una "nueva paralización" del sector, por lo que tendrá un efecto "pernicioso" sobre el empleo, ya que por cada vivienda que se construye se generan 2,5 puestos de trabajo, además del efecto multiplicador en generación de empleo que provoca en actividades y servicios accesorios.
Insiste en que las medidas también causarán un efecto "negativo" en cuanto a la recaudación fiscal e incidirá directamente de forma "muy negativa" en la tributación que pueden obtener los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el propio estado, y cuyos ingresos están referenciados principalmente al sector inmobiliario y de la construcción.
De ahí que, según la AECP, "la mejor alternativa ante este escenario es la eliminación total del aparato burocrático que gira en torno a los Planes de Vivienda en todo el país, o lo que es lo mismo dejar de proteger a la vivienda y proteger al comprador".
"El ahorro en costes de estructuras administrativas, tiempo, recursos humanos e ineficiencia que llevaría aparejada esta medida haría innecesario suprimir ayudas públicas. Quien determina el derecho de acceso a las ayudas es el perfil de la unidad familiar, sus características sociales e ingresos", remarca.
Por ello, la organización detalla que bastaría con conocer el perfil del comprador para determinar sus derechos y éste, una vez reconocidos los mismos, adquiriría su vivienda en el mercado. Lo mismo ocurriría en relación a los promotores que iniciaran nuevos proyectos si se vinculan las ayudas a la minoración de los costes en suelo.
"Ésa sí es una medida social efectiva y directa que acabaría con el espíritu segregador de los Planes de Vivienda que, persiguiendo el noble objetivo de posibilitar el acceso a la vivienda, lo que hace es generar una discriminación de clases, determinando zonas específicas y acotadas, que estigmatizan a quienes allí viven", concluye María Salud Gil.