Los ministros de Finanzas de los Veintisiete someterán a debate el próximo martes la imposición de una tasa a las instituciones bancarias para obligarlas a que contribuyan a financiar sus bancarrotas. El reto es evitar que el contribuyente pague por los riesgos asumidos en el sector financiero, cuyo rescate costó el 16,5% del PIB europeo durante lo más agudo de la crisis.
Los líderes europeos ya acordaron el pasado 17 de junio la introducción de un gravamen y ahora toca a sus responsables económicos perfilar una posición común sobre la modalidad del mismo, y el destino de lo recaudado, de cara a la próxima reunión del G-20 en Seúl, a la que Europa quiere acudir con una posición fuerte.
En el último encuentro del foro internacional en Toronto el 27 de junio, la tasa bancaria no logró suscitar el entusiasmo cosechado en los encuentros más próximos al inicio de la crisis, y la cita terminó sin acuerdo ante la oposición de países como Canadá o Brasil, cuyos bancos resistieron mejor el embate.
No hay consenso
Tampoco hay consenso en la Unión Europea, por lo que el Ejecutivo comunitario ha preparado un documento de trabajo para centrar las discusiones, en el que diferencia entre dos tipos formatos: un impuesto sobre las actividades bancarias y una tasa sobre las transacciones financieras internacionales. Alemania ya ha aprobado una tasa sobre las actividades bancarias, mientras que Francia y Reino Unido han anunciado su disposición a hacer lo mismo, a sabiendas de que un impuesto sobre las transacciones financieras requeriría de un difícil consenso internacional para evitar poner en desventaja a las entidades europeas.