El Ministerio de Fomento dio ayer un "golpe de timón" en pleno conflicto con los controladores aéreos, apenas dos días después de romper de manera unilateral la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto ley en virtud del cual se transfiere al Ministerio de Fomento la organización del trabajo de los controladores aéreos, por lo cual Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) vuelve a asumir esta competencia que desde 1999 estaba en manos de los propios controladores.

El decreto, publicado de urgencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), determina que Fomento podrá designar "nuevos proveedores" para los servicios de navegación aérea, "siempre que se encuentren debidamente certificados por una autoridad nacional de supervisión de un Estado miembro de la Unión Europea".

Al respecto, el presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, precisó que "el Ministerio abrirá la prestación del servicio de tránsito aéreo a otros proveedores, para lo que sacará a concurso público la certificación preferente de dicho servicio en las torres, tanto para la implantación del servicio AFIS en una docena de aeropuertos, aún por determinar, como para el servicio propio de control aéreo".

La primera fase de este proceso, que "podría durar unos tres años", se prevé para finales de este año, con la liberación de la primera torre, si bien no especificó en qué aeropuerto, ni qué porcentaje del servicio de control de toda la red se abrirá al sector privado.

Lema avanzó que Aena realizará un estudio de seguridad para determinar en qué aeropuertos por sus condiciones y volumen de tráfico se implantará el servicio AFIS, cuyas conclusiones se conocerán en dos meses.

Como medidas urgentes, el Real Decreto contempla la incorporación, "si la situación lo requiere", de controladores militares en reserva, así como en caso de "circunstancias extraordinarias y de emergencia", la intervención de Defensa por decisión del presidente del Gobierno. Ahora bien, Aena está obligada a garantizar los derechos de los 2.300 controladores en plantilla, ofreciendo un puesto alternativo a los que no vayan a trabajar en la torre liberalizada.

Además, el decreto incluye el recorte de un 15% de las tasas de control, para situarlas en la media de la UE y eliminar el "déficit" de navegación debido a los altos costes salariales, que en diez años han pasado de 143 millones de euros a 749.

En cuanto a la jornada laboral de los controladores, fija una media de 1.750 horas anuales, frente a las 1.200 que recoge el actual convenio, y limita las horas extraordinarias a un máximo de 80 al año, frente a las 600 horas actuales, que tenían un coste 2,65 veces superior al de la hora ordinaria. Con estas nuevas condiciones, el salario medio se sitúa en los 200.000 euros anuales, frente a los 350.000 euros de media al año actuales.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) respondió anunciando, por medio de un comunicado, que iniciará "las acciones legales necesarias para defender la vigencia del marco legal del Convenio Colectivo en vigor". El sindicato, a escala nacional, expresó su "total rechazo ante el uso instrumental de mecanismos impositivos" que refleja la medida de Fomento. En una nota específica para Canarias, aseveró que ayer fue "un día triste para la democracia en España" y acusó al Gobierno de "alimentar una campaña de alarma social sustentada en mentiras y medias verdades".

Entre tanto, UGT y CCOO expresaron su preocupación por que esta medida pueda "sentar un precedente" y se haga lo mismo con otros profesionales dependientes de un ente público.

Por contra, numerosas organizaciones empresariales y políticas como la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta), la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), la CEOE, la confederación de patronales hoteleras o la Generalitat de Catalunya, mostraron su satisfacción por la actuación.