La reforma de la Ley de Comercio que prepara el Gobierno de Canarias para ajustarla a la Directiva comunitaria de liberalización del mercado de los servicios mantendrá intacta la actual regulación de horarios comerciales del Archipiélago. Éste es el compromiso al que ha llegado el director general de Comercio, Arturo Cabrera, con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación tinerfeña.

La medida supone que el Ejecutivo autónomo da marcha atrás y acepta una de las principales alegaciones presentadas por la institución empresarial, informó ayer ésta en un comunicado. No se podrá aumentar el número de domingos y festivos con apertura por encima de los nueve ya fijados, ni los ayuntamientos tendrán capacidad de conceder más libertad horaria a los establecimientos.

Para el presidente de la Cámara, Ignacio González Martín, esta modificación del borrador de transposición normativa "es una gran noticia para el sector comercial del Archipiélago y para los puestos de trabajo y familias que dependen de él". Además, considera que supone "un alivio y un acicate para mejorar la confianza empresarial tras la alarma que generó en el comercio la presentación del borrador".

Fue el propio Cabrera quien dio a conocer la rectificación durante la Comisión de Comercio Interior de la Cámara, que contó con la participación del vicepresidente de la institución y titular de la Confederación Regional de Comercio de Canarias (Coreco), Luis de Miguel, y el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna José Luis Rivero, entre otros.

Cabrera explicó que respalda los argumentos de la Cámara en relación con los horarios del comercio porque en Canarias no puede existir una liberalización total de la actividad, dada sus singularidades territoriales: "Se trata de una defensa del sector que se sustenta en las especificidades del Archipiélago como región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea".

Sin embargo, Rivero comentó que Canarias ha perdido "una oportunidad de oro de negociar de forma conjunta con el resto de RUP un documento que defienda la necesidad de autorizaciones específicas para unos territorios tan vulnerables y singulares".

En esa línea se expresó también De Miguel, quien entiende que no se han hecho todos los esfuerzos por defender los intereses de un sector vital para la economía y el empleo de las Islas.

El director general defendió un anteproyecto de Ley que cuenta ya con el visto bueno del Estado y de Bruselas, y señaló que el Gobierno canario es partidario de mantener la autorización preceptiva para grandes establecimientos comerciales, cuando éstos superen los 2.500 metros cuadrados de superficie, y la autorización para centros comerciales, siguiendo un criterio de defensa territorial y medioambiental y no por razones económicas, prohibidas por la Directiva.

Por eso, indicó Cabrera, "quedarán fuera de las restricciones al derecho de instalación las tiendas de descuento duro y de saldos, por entenderse que la limitación que marca la actual Ley está sujeta a criterios económicos, que en ningún caso son admisibles".

De cualquier manera, el responsable autonómico de Comercio informó a la Cámara de que el Ejecutivo ha hecho una consulta al ministerio y a la Comisión Europea para aclarar si la autorización de establecimiento sujeta a un número de metros cuadrados en función de la población se considera o no baremo económico.

Cabrera también informó de que los cabildos han decidido no redactar los planes insulares de ordenación comercial -a través de los cuales se articularán las citadas autorizaciones-, por lo que éstos han sido encargados a la empresa pública Gesplan. Está previsto que estén finalizados en verano, unos meses antes de que entre plenamente en práctica la Directiva (enero de 2010).