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JOSÉ ANA PÉREZ LABAJOS

Crisis en la política económica

3/ago/08 1:19 AM
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EL GOBIERNO sigue sin pronunciar la palabra mágica: inversión. Mientras, la situación sigue deteriorándose en todos los ámbitos de la actividad productiva.

De nada vale hablar de financiación para la elaboración de nuevos proyectos. Es necesario invertir en los que hay redactados y por cobardía política no se inician. También hay un ramalazo de pasotismo, y nuestros administradores parecen no darse cuenta de que lo más importante es la creación de empleo, mientras que asisten paralizados a la destrucción del mismo.

Otro de los factores que no se toca es la profundización de una reforma tributaria general, adecuada a la situación explosiva que se está pergeñando. Reforma que debe ser urgente. Ni siquiera se respeta la RIC, que está terminando en los Tribunales, pues el Gobierno, a pesar de la crisis, se ha marcado unos objetivos de recaudación inamovibles, interpretables siempre aleatoriamente según el caso. La pignoración de fondos en las Pymes, obligatoria "manu militari", y que terminará resolviéndose después de varios años, anula la poca liquidez de empresas que desean seguir funcionando, con lo que la Hacienda Pública está definiendo la fecha de caducidad de dichas industrias. Cuando la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se avengan a resolver, dichas empresas posiblemente ni existan operativamente.

Es necesario un gran pacto social específico en cada materia. Ya no se puede seguir manteniendo que la crisis no es fundamentalmente financiera y bancaria, donde la construcción ha sido el primer sector afectado, por su enorme efecto en el modelo económico social actual.

Es absolutamente necesario recuperar el clima de confianza, que solo está en manos de la Administración. La inversión es indispensable, aunque aumente la deuda pública, y la inversión privada debe flexibilizarse, no poniendo tantos obstáculos a la misma: en dos palabras, podría asegurarse que, independientemente de la coyuntura externa, de la que obviamente dependemos en gran parte, la inversión interna se halla colapsada, mientras que los gastos del Estado han crecido de forma alarmante.

La situación en Canarias como país es más complicada de la que algunos creen, pues a la dependencia del monocultivo turismo hay que añadirle el malestar que produce que algunos de nuestros mejores dirigentes y empresarios se les esté inmolando mediante juicios con intereses políticos, que cada vez son más palpables. Según palabras del histórico revolucionario Dalton, "los juicios con consecuencias o intereses políticos carecen de la más mínima legalidad". Es sabido que lo guillotinaron, pero su juez y parte -Robespierre- no tardó mucho más en verse también con Madame Guillotin. Es curioso releer la historia, y ver que a Dalton se le juzgó alevosamente sin que la defensa pudiera ejercer sus plenos derechos. Ya estaba condenado antes del juicio; eso es un hecho histórico, no una opinión.

Todo lo anterior va en que las relaciones del modelo de Estado de Canarias con España se van a resentir durante una crisis económica de envergadura.

Algunos, que serán muchos, comienzan a no sentirse cómodos en un país que trata mal a los mejores. El que avisa no es traidor. La historia de las antiguas posesiones españolas en ultramar es aleccionadora de lo que puede producir una situación en la que se combinan el pasteleo político, la crisis económica, el Estado de derecho y la indiferencia; esa historia nos ha demostrado que este tipo de circunstancias canalizaron el nacimiento de nuevas naciones atlánticas.