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PACTO
CANARIO SOBRE INMIGRACION
El siglo XXI ha comenzado bajo el signo y el influjo de la globalización,
entendida ésta como una mundialización de la producción
de bienes y los mercados financieros, de los problemas ecológicos,
la compresión del espacio debido a la revolución en
las comunicaciones y los transportes, las instituciones de gobierno
mundial, etc. Hoy parece evidente que la globalización económica
en sí misma, si no se reorienta políticamente hacia
el codesarrollo, contribuirá poco a reducir las profundas
desigualdades en los niveles de desarrollo humano entre países
y continentes, sino que, más bien, parece que tiende a abrir
aún más esa brecha.
Si esa internacionalización económica cuestiona las
barreras comerciales y desborda en buena medida el marco de acción
de los propios Estados nacionales, no sucede lo mismo con la circulación
internacional de la mano de obra, puesto que los países desarrollados
se enfrentan al dilema de una creciente demanda interna para fortificar
sus fronteras a la potencial presión inmigratoria, a la vez
que necesitan de la inmigración para mantener su desarrollo
económico y proteger las pensiones de su envejecida población,
según indican diversos organismos internacionales. Así,
la Unión Europea, que recibió 816 mil inmigrantes
en 2000, necesitaría 44 millones en total hasta 2050.
Por tanto, las migraciones internacionales reportan beneficios
tanto a los países receptores como emisores, a la vez que
provocan una serie de problemas e incertidumbres que también
afectan a ambos. Mientras que en los países emisores se cuestiona
en qué medida las remesas de divisas que aportan sus emigrantes
pueden compensar los efectos de este proceso sobre su desarrollo
social y económico, con la fuga de muchos de sus habitantes
más formados y emprendedores, en los países receptores
preocupa que el acomodo y convivencia de grupos de los más
diversos orígenes culturales y religiosos no afecte a su
cohesión social, al tiempo que se cuestiona la tradicional
equiparación entre derechos y ciudadanía. El desarrollo
de fórmulas no sólo de respeto a las particularidades,
sino de enriquecimiento mutuo entre colectivos sociales de diferente
procedencia y cultura, constituye uno de los retos sociales y políticos
más importantes de este tiempo, sobre todo en países
como los del sur de Europa, que han pasado en muy pocos años
de ser países de emigración a receptores de buena
parte de los flujos recientes hacia el continente.
Otra de las consecuencias es que, cerradas las fronteras de la
mayoría de los países del mundo próspero al
ingreso de nuevos trabajadores y sus familiares, los flujos no se
detienen sino que continúan al margen de las leyes, adoptando
un carácter clandestino y posibilitando que el contrabando
y el tráfico de inmigrantes se convierta en uno de los negocios
ilícitos más lucrativos, cuando no peligrosos, a lo
que debe unirse el efecto perverso sobre la economía por
el desarrollo de sectores informales o de economía sumergida,
así como la potencial vulnerabilidad de esos trabajadores,
a merced de empresarios locales sin escrúpulos.
Así pues, por la globalización de las migraciones,
el creciente volumen y diversidad de los flujos, la feminización
de los mismos y la importancia política que ha adquirido
la cuestión, junto con la aparición de otras transformaciones
de orden cualitativo (el crecimiento de comunidades transnacionales,
las diásporas globales, formas de ciudadanía flexible,
etc.), se ha dicho que esta va a ser la era de las migraciones.
Por todo ello, la readaptación a la nueva realidad que representa
el fenómeno migratorio y la búsqueda de soluciones
a los problemas derivados del mismo, no pueden ser exclusivos de
un territorio o de un país, sino que requieren del impulso
coordinado de todos los Estados implicados, especialmente por lo
que se refiere a la intensificación de políticas de
codesarrollo que contribuyan activa y eficazmente a reducir las
diferencias de bienestar que separan al mundo desarrollado respecto
de los países empobrecidos.
Canarias, que ya contaba con una importante trayectoria como espacio
de transición entre continentes, es un buen ejemplo de esos
procesos. En unos escasos treinta años, las Islas dejaron
de ser tierra de emigrantes y pasaron a convertirse en destino y
lugar de asentamiento de gentes de orígenes diversos, muy
distinto status legal y las más variadas motivaciones, atraídas
en unos casos por su creciente bienestar económico y las
oportunidades de empleo (como ocurre con empresarios y trabajadores
de muy diferentes procedencias), huyendo otros de la miseria y los
conflictos que asolan buena parte del mundo empobrecido o, simplemente,
buscando disfrutar de las magníficas condiciones naturales
de Canarias.
A éstos hay que sumar el retorno de muchos antiguos emigrantes
canarios y de sus descendientes, muchas veces con la nacionalidad
de los países que le dieron acogida, como Venezuela, Cuba
o Argentina. En conjunto, hoy viven en Canarias casi ochenta y ocho
mil extranjeros, más de la mitad de los cuales son ciudadanos
comunitarios, lo que representa poco más de un cuatro por
ciento de su población total.
Ese proceso, acelerado a partir de la década de los noventa,
que contribuirá sin duda a marcar el carácter y el
desarrollo de la sociedad canaria del nuevo siglo XXI, pone sobre
la mesa la capacidad de un territorio fragmentado y frágil
como el canario para mantener niveles elevados de crecimiento inmigratorio,
así como la necesidad de intensificar las actuaciones
de integración en un marco de mayor diversidad cultural que
favorezcan la cohesión social y mitiguen las tendencias a
la dualización que caracterizan a las sociedades contemporáneas.
Al mismo tiempo, nuestra posición como frontera última
y lejana de la Unión Europea nos convierte en lugar de paso
de muchos de los flujos que tienen ese destino en su proyecto migratorio.
En ese mismo contexto hay que situar la creciente importancia de
la inmigración clandestina en el Archipiélago, que
se visualiza sobre todo en las frágiles barquillas o 'pateras'
en las que cientos de personas procedentes de países empobrecidos
llegan a nuestras costas tras un largo recorrido en el que muchas
de ellas quedan en el camino y para el que además han de
empeñar cada vez mayores sumas de dinero para pagar los servicios
de contrabandistas sin escrúpulos, cuando no quedan cautivos
en esa nueva forma de esclavitud vinculada al tráfico de
inmigrantes. Las barquillas no son, sin embargo, sino la manifestación
más visible de un fenómeno de mayor alcance, puesto
que muchos de los inmigrantes que se encuentran en situación
irregular han cruzado legalmente las fronteras, en general con un
visado de turista.
En muchos casos, cuando los mecanismos legales de devolución
no pueden hacerse efectivos, esos inmigrantes permanecen atrapados
en las Islas sin alternativas legales posibles (una forma de 'muerte
civil', se ha dicho) y sin poder buscar salidas a su situación
en otros lugares, debido al mayor control de pasajeros en puertos
y aeropuertos, quedando condenados a la más absoluta marginalidad
y vulnerables a distintas formas y grados de explotación
económica y laboral.
La insularidad y lejanía respecto al territorio español
y europeo colocan a Canarias en una situación especial que
exige la adopción de medidas específicas con las que
abordar con mayor eficacia nuestros problemas como frontera ultraperiférica
de la Unión Europea. Pero, además, es urgente que
se intensifique nuestra implicación en el desarrollo económico,
social y político de nuestros vecinos africanos y los Estados
iberoamericanos no sólo incrementando drásticamente
la cooperación al desarrollo con los mismos, sino sobre todo
mediante la potenciación de los intercambios económicos
y el apoyo activo a procesos de transformación a sociedades
más justas y democráticas.
La trascendencia de esa situación y su impacto en el presente
y futuro de la sociedad canaria, así como en la opinión
pública del Archipiélago, es motivo suficiente para
que las organizaciones políticas con representación
en el Parlamento de Canarias formalicen el siguiente Acuerdo, con
el objeto de sumar voluntades en el empeño común por
afrontar de manera tolerante y constructiva este reto histórico
que tiene planteada nuestra Comunidad, en base a los siguientes
ACUERDOS
Las organizaciones políticas firmantes y el Gobierno de Canarias,
representantes de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas
de Canarias:
- Asumen el deber ético de abordar el fenómeno
inmigratorio que se está produciendo en las Islas desde
el respeto y la defensa de los derechos de las personas inmigrantes,
especialmente en cuanto víctimas de la desigual distribución
de la riqueza en el mundo y del engaño a que son sometidas
por organizaciones de contrabando y tráfico de inmigrantes.
Un derecho compatible con el de la población canaria a
mantener su ritmo normal de vida.
- Se comprometen a promover el máximo consenso en cuantas
cuestiones tengan que ver con la inmigración, dejando este
asunto completamente al margen de la legítima lucha partidaria.
- Apoyan el esfuerzo de trabajo coordinado que llevan a cabo
organizaciones sociales, sindicales, empresariales, vecinales
y Administraciones públicas en el Foro Canario de la Inmigración,
y respaldan las demandas dirigidas a la Administración
del Estado, ratificadas por resolución unánime del
Parlamento de Canarias el 12 de diciembre de 2001, así
como los acuerdos asumidos por el Gobierno del estado. Estos compromisos
son:
- Asegurar la vigilancia efectiva de nuestras aguas y costas,
de manera que se eviten muertes inocentes, se frene la irregularidad
que lleva a la explotación de las personas y dificulte
la acción de las organizaciones de contrabando y tráfico
de inmigrantes.
- Puesta en marcha de cuatro Centros de Internamiento de Extranjeros,
con un máximo de 250 plazas cada uno, en Fuerteventura,
Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, formando parte de la red
estatal de dispositivos de esta naturaleza, de tal manera
que, cuando éstos tengan cubierta su capacidad, puedan
ser derivados hacia otros centros del Archipiélago
o del Estado español.
- Intensificar las acciones de colaboración con los
países de origen a fin de agilizar la tramitación
y ejecución de los expedientes administrativos de devolución,
retorno y expulsión, con lo que se clarifique la situación
de cada persona y se evite la creación de falsas expectativas
de permanencia en nuestro territorio, así como para
la lucha contra las 'mafias'.
- Puesta en marcha de dos Centros de Estancia Temporal (CETI)
o Centros de Inmigrantes en las islas de Gran Canaria y Tenerife,
con capacidad máxima para 250 personas, en el marco
de la 'red nacional de acogida a inmigrantes' prevista en
las medidas 2.4 a y b del Programa Greco.
- Al menos cuatro de los centros mencionados deberán
hallarse en funcionamiento antes del próximo verano
y los restantes antes de finalizar el año.
- Articular, a la mayor brevedad posible, los mecanismos para
que Canarias no se convierta en un lugar 'sin salida' para
las personas inmigrantes en situación irregular que,
por no poder ser repatriadas y desbordar la capacidad de los
centros de acogida, se quedan malviviendo en nuestras calles
y plazas.
- Desarrollar cuantas acciones de política exterior
sean necesarias para impulsar un mayor compromiso de la Unión
Europea para abordar y resolver estas problemáticas.
- Aprobar un plan económico a aquellas Corporaciones
Locales en las que hay una mayor presencia de inmigrantes.
La financiación del plan de apoyo sería de cuenta
del Gobierno del Estado y del Gobierno de Canarias con una
contribución del cincuenta por ciento cada uno.
- Reforzar los medios materiales y personales de la Administración
General del Estado en Canarias que tengan a su cargo funciones
relacionadas con las políticas de inmigración.
- Para el efectivo desarrollo de estas acciones, las organizaciones
firmantes impulsarán la colaboración de las instituciones
del Archipiélago, y en particular del Gobierno de Canarias,
con la Administración del Estado, competente en su ejecución.
En este sentido, se insta al Gobierno de Canarias a impulsar y
apoyar la coordinación a través de la Subcomisión
bilateral Canarias-Estado para la Extranjería e Inmigración,
a fin de canalizar de forma ordenada los flujos migratorios en
el Archipiélago.
- El Gobierno de Canarias se compromete a acometer aquellas acciones
que le compete en la atención a la población inmigrante
en situación de irregularidad, teniendo siempre en cuenta
que el objetivo de los servicios sociales es la integración
sociolaboral:
- Elevar al Gobierno de España propuestas sobre trabajo
de extranjeros en Canarias, reservando cupos a inmigrantes
en aquellos sectores en que exista demanda, especialmente
en el sector primario y en el terciario, al amparo de lo establecido
en el artículo 37.1 del Estatuto de autonomía.
- Ejecutar el Plan Canario de Inmigración, consensuado
por el Foro Canario de Inmigración y aprobado por el
Gobierno de Canarias el pasado día 16 de julio.
- Firmar convenios específicos con Cabildos y Ayuntamientos
en materia de protección social.
- Establecer planes de choque específicos para Lanzarote
y Fuerteventura en materia de infraestructuras sanitarias
y educativas con presupuesto específico.
La TV Canaria fomentará los valores de la interculturalidad
con programas apropiados en el terreno educativo.
- Fomentar y subvencionar proyectos de integración
para personas inmigrantes.
- Asimismo, las fuerzas políticas firmantes manifiestan
el compromiso de promover en la población de las Islas
actitudes de respeto hacia otras culturas y de convivencia
para un mutuo enriquecimiento, así como rechazar y
combatir cualquier manifestación de carácter
xenófobo o racista.
- Las fuerzas políticas firmantes se comprometen a
desarrollar la política migratoria fuera de la lucha
política partidista, dentro del espíritu de
consenso y al margen de la confrontación electoral.
- Se comprometen a impulsar la integración social
de los inmigrantes, en el marco de las competencias de las
Administraciones públicas canarias, y a informar regularmente
al Parlamento de Canarias de las actuaciones y presupuestos
previstos en cada caso.
- Impulsar una mayor participación de las Administraciones
públicas canarias en el desarrollo económico,
social y político de los países pobres de nuestro
entorno, en especial en Africa Occidental y el Magreb.
- Por último, ofrecen el presente Pacto como punto
de encuentro de cuantas fuerzas sociales, económicas,
políticas o culturales estén dispuestas a sumarse
en el afrontamiento constructivo de un fenómeno que
exige la máxima generosidad de la sociedad canaria
y de sus representantes.
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Román Rodríguez Rodríguez |
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| Paulino Rivero Baute |
Juan Carlos Alemán Santana |
Tomás Padrón Hernández |
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