SANTA CRUZ DE TENERIFE (REDACCIÓN). Las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en el Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) durante los ejercicios de 1993 a 1997, remitidas al fiscal especial Anticorrupción el pasado viernes, desvelan que, a 30 de junio de 1999, había 4.068 expedientes de subvenciones pendientes de justificar, por un importe superior a once mil millones de pesetas. A la vista del indudable interés público despertado por el asunto, EL DIA ofrece en su edición de hoy el texto íntegro de las 73 conclusiones que recoge el proyecto de informe de fiscalización de la gestión económicofinanciera del instituto.

En el mismo quedan de manifiesto no sólo la falta de control de los fondos entregados a terceros por el instituto, sino las deficiencias de funcionamiento interno y de organización del propio organismo auditado, hasta el punto de que la Audiencia repite varias veces la idea de que el Icfem no cumple los fines para los que fue creado y que su papel resulta inútil. En una de las conclusiones se señala que el Icfem trabaja «con un escaso margen de autonomía para afrontar las soluciones a los múltiples problemas de gestión que tiene planteados», lo que está en el origen de que se descuidaran el seguimiento y tramitación de las subvenciones otorgadas en el período controlado.

Métodos singulares

Tras el análisis de las incidencias ocurridas en el Icfem durante los ejercicios de 1993 a 1997, la Audiencia de Cuentas expone en su informe, de forma individualizada, los expedientes más destacados por el número de irregularidades detectadas. Detalla, por ejemplo, cómo hay cursos donde fueron detectadas prácticas como la falsificación de firmas de alumnos asistentes a un curso de «animador turístico de hoteles» por parte de la entidad subvencionada.

En este curso figura que empezaron ocho alumnos (mínimo necesario para su comienzo). De varios de ellos existen testimonios escritos declarando que nunca asistieron al mismo. En fechas posteriores, estos alumnos fueron dados de baja, pero por parte del Icfem no consta que se haya acometido alguna actuación al respecto.

En otros casos, donde la ayuda concedida asciende a 25 millones de pesetas, además de no existir la solicitud de la subvención, al menos no figura en el expediente, los contratos de los empleados para un curso que, en principio, estaba previsto que comenzara el 1 de enero de 1995, son de varios meses correspondientes al año anterior, no demostrándose que figuren en la plantilla de la empresa en el momento de comenzar las clases.

A pesar de las anomalías detectadas por la Audiencia de Cuentas en muchas de las subvenciones concedidas, según recoge el informe fiscalizador, el Icfem no inició ningún procedimiento para que le fuera reintegrado el importe de la ayuda o, al menos, justificada en los términos estipulados.