En la mañana de ayer, tuvo lugar en la sala de prensa del Pabellón Santiago Martín la primera Asamblea General de la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife (FICT). Alcanzado el quórum con 22 asambleístas se procedió a abordar un orden del día en el que el tema central a tratar era la presentación de los resultados de la auditoría correspondiente al periodo 2015-2018. El presidente entrante, Guillermo Fernández, presentó unos datos en los que se dio a conocer un importe de 333.776,51 euros que la junta saliente "no ha justificado", según reveló el máximo dirigente.
La nueva junta expuso los datos que emanaron de una auditoría realizada por María de la Luz Moreno González y Guillermo Fernández González, y revisada y refrendada por Asesores Fonseca S.L., se duplicó para comprobar la fiabilidad de los datos que se obtuvieron tras la primera inspección. Tras poner en conocimiento de los miembros de la Asamblea todas las irregularidades, los votos -19 a favor, dos abstenciones y uno en contra- avalaron al otorgamiento de poderes a Guillermo Fernández, para que este, a través de abogados y procuradores, inicie los procedimientos judiciales pertinentes contra los responsables de la anterior directiva de la FICT, comandada por Juan Marrero. Cabe destacar que, de no haber recibido el apoyo, Guillermo Fernández hubiera dimitido.
Entre otros gastos, de la auditoría emanó un sumatorio de 27.330 euros de reintegros por cajero y ventanilla -1.590 euros en el último mes de mandato-.