Las cosas de palacio van despacio. Eso cabría interpretar sobre el funcionamiento de la justicia deportiva en España y, en concreto, del fútbol. El Tenerife no conocerá hasta el próximo viernes si el Comité de Apelación acepta su solicitud de suspender cautelarmente la resolución de Competición sobre el cierre de la grada de San Sebastián después de los incidentes acaecidos en el trancurso del partido contra la SD Huesca. Para ese día está prevista la reunión de la segunda instancia a la que recurre el club insular para frenar un castigo que considera injusto.

Competición que, transcurrida una semana desde el fallo sobre la clausura, sigue sin comunicar al Tenerife si cerrará el graderío desde el que se lanzó el objeto que impactó en la cabeza de la asistente de Díaz de Mera o un sector concreto, ha retrasado su encuentro semanal para mañana en virtud de la existencia de días festivos esta semana (1 y 2 de mayo en Madrid). Se entiende que será entonces cuando comunique el alcance del cierre. Otra cosa no tendría sentido alguno.

Al día siguiente entrará en escena Apelación, que deberá resolver en primer lugar si atiende o no la solicitud del club de paralizar a través de una suspensión cautelar de la sanción ese proceso para dejarlo sin efecto. Para conseguirlo, la premura de tiempo es el argumento principal de un Tenerife que hasta tiene entradas vendidas de los sectores que podrían verse afectados. Además, una interpretación estricta de la reglamentación impediría reubicar a estos aficionados, así como a los abonados de las zonas afectadas por el castigo. El asunto no parecía controlarlo en exceso el director general Pedro Rodríguez Zaragoza, que el pasado domingo se quejó del poco tiempo que les quedaría para encontrar acomodo a estos seguidores.

El resto de argumentos del recurso tienen más que ver con la propia naturaleza de la sanción y las discrepancias con el acta arbitral, amparándose sin ir más lejos en el informe policial.

Si Apelación concede la suspensión cautelar, el encuentro con el Almería se disputaría con San Sebastián completamente abierta. A partir de ahí, podría darse el caso (lo más lógico) de que en esta instancia se decidiera congelar la sanción hasta que se resuelva el recurso del Tenerife. Esto podría llevar más de un mes, quedando el cumplimiento del castigo para el primer partido de la próxima temporada en casa.

No obstante, hay precedentes de rebajas en estos casos. En las oficinas del Heliodoro Rodríguez López hay cierto optimismo al respecto, tanto en la consecución de la suspensión cautelar como en la posterior consideración (al menos parcialmente) de las alegaciones presentadas. El objetivo principal pasa por evitar el cierre de algún sector del estadio, aunque la cuantía económica de la multa también puede verse reducida si Apelación se basa en precedentes como el de El Molinón en 2017. En ese caso, el citado comité aceptó la cautelar. Sí es cierto que fue definitivamente el TAD, siguiente escalón de la justicia deportiva, el que descartó el cierre.

Jugadas como las que generaron la polémica del Tenerife-Huesca se hubieran resuelto de la mejor manera con la utilización del videoarbitraje (VAR), cuya implantación está prevista en España para la próxima temporada. De hecho, la plantilla del Levante UD recibió ayer una charla del director del Departamento de Competiciones y Oficina del Jugador de LaLiga, Luis Gil, sobre los conceptos básicos de su funcionamiento y su incidencia en la evaluación de goles, penaltis o tarjetas rojas a partir de agosto.

En Segunda habrá que esperar otra campaña. Su implantación, que costará en torno a 2,5 millones de euros, se retrasará al curso 19/20. La International Board, responsable de los cambios en la reglamentación del fútbol, anunció precisamente ayer cuál será el funcionamiento del VAR. Tendrá una sala de vídeo (en España estará en la sede de la RFEF en Madrid) y al menos un área de revisión, que estará en el césped (lugar visible fuera del terreno de juego y claramente marcada) para que el colegiado pueda acceder a ella con celeridad.