La Audiencia Nacional ha decidido enviar el caso seguido para investigar delitos relacionados con una supuesta defraudación de más de trece millones de euros entre 2011 y 2014 en el fichaje del jugador del Fútbol Club Barcelona Neymar Da Silva Santos Junior a los juzgados de la capital catalana.

En un auto la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima los recursos de apelación del presidente del club, Josep Maria Bartomeu; de su predecesor, Sandro Rosell, y de la propia entidad contra el dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 que rechazó la admisión de la cuestión de competencia.

Entre otras razones, para justificar la competencia de los juzgados de Barcelona los magistrados explican que los fondos distraídos fraudulentamente se encontraban en las cuentas del Fútbol Club Barcelona, ya que es desde allí desde donde se ordenan las transferencias, con independencia de que el destino de los fondos fuera Brasil, país del que es natural Neymar.

Añaden que no es el acto de disposición lo que consuma el delito sino el resultado derivado de dicha conducta traducido en el perjuicio económico evaluable con independencia del destino de los fondos, por lo que "la intervención de los sujetos de nacionalidad española en el extranjero, en este caso Brasil, resultaría intrascendente a estos efectos".

Al respecto abundan en que "los perjuicios causados a los socios del club no se producen en Brasil sino en Barcelona, lugar donde tiene además su domicilio social la entidad deportiva en cuestión".

En cuanto a la competencia por la cuantía de lo defraudado a Hacienda la Sala considera que tampoco parece excesiva, no ha producido ni grave repercusión a la economía nacional, ni grave quebranto en el tráfico mercantil ni se trata de una causa compleja que aconseje su atribución a la Audiencia Nacional.

El auto recuerda que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional asumió la competencia sobre la base de una investigación de supuestos delitos de apropiación indebida y societario de administración desleal por la presunta distracción de fondos de la entidad y en su perjuicio, así como posible defraudación a la hacienda pública.

La resolución explica que el primero de los contratos investigados fue firmado el 15 de noviembre de 2011 en Sao Paulo (Brasil), ciudad del anterior equipo de Neymar, el Santos FC y país al que se transfirió el dinero.

Añade que la presunta defraudación contra la hacienda pública habrían alcanzado las sumas de 2.400.000 euros en 2011, 6.786.052 en 2013 y 3.845.065 en 2014, sumando la cuota supuestamente defraudada más de trece millones de euros.

La Audiencia fundamenta que los delitos contra la hacienda pública son conexos con el de administración desleal y al haberse establecido la competencia de éste en los juzgados de Barcelona la misma atrae la investigación de la presunta defraudación fiscal.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha sustituido recientemente en el citado Juzgado al magistrado Pablo Ruz, que comenzó a instruir este caso, acordó el pasado día 13 llevar a juicio a Bartomeu, a Rosell y al Fútbol Club Barcelona por tres delitos fiscales en el fichaje de Neymar.

Por estos hechos la Fiscalía pidió el pasado 23 de marzo dos años y tres meses de cárcel para Bartomeu y siete años y seis meses para Rosell, así como multas de 3,8 millones y 25,1 millones de euros, respectivamente, y que el club pagara a Hacienda 11,4 millones de euros en concepto de indemnización y una multa de 22,2 millones.

La Abogacía del Estado, por su parte, en representación de la Agencia Tributaria, solicitó dos años y tres meses de cárcel para Bartomeu y seis años y nueve meses para Rosell.