El Parlamento de Canarias aprobó ayer, por unanimidad y en un ambiente casi festivo, la primera ley isleña de Lectura y Bibliotecas. El entusiasmo en este punto del pleno contrastó con lo que ocurrió luego con el cambio en el reglamento de la Cámara, pero esto no impidió que muchos asistentes a la aprobación de la ley bibliotecaria se quedaran para una foto final, en el patio, que pasará a la historia. Y es que histórico es que, tras 42 años de democracia, las Islas rellenen un hueco que, según remarcó ayer María Victoria Hernández (PSOE), era imperdonable: ser la única región sin una norma así en una comunidad con malos datos de lectura y en rendimiento escolar según los informes Pisa.

Con la presencia de numeroso personal de estos centros, sobre todo bibliotecarias, del presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, y de otras personalidades, el debate plenario, en realidad, se convirtió en una loa al libro físico y en una conjura para que, al menos, este texto legal permita un reimpulso real de la cultura, la lectura y la formación en las Islas en pro de eso tan humanista: ser individuos críticos, con criterio y, por tanto, libres y no manipulables.

En aras del consenso en ponencias, el PSOE retiró sus enmiendas, orientadas a que haya una sede virtual de las bibliotecas para no fomentar el pleito, recuperar la Dirección de Archivos y Bibliotecas, que no sea necesario disponer de carnés para usar estos centros como valores universales de la cultura, facilitar el acceso a los documentos digitalizados o que los transexuales puedan dejar clara su identidad en esos carnés.

Aunque renunció a estos cambios, Hernández sí lamentó que, en el debate de la nacionalidad, no hubiera referencias a la cultura, que se quedaran atrás las leyes de Archivos y Mecenazgo o que el jefe del Ejecutivo, a su juicio, desconozca el peso de este subsector en las Islas. En lo positivo, subrayó la obligación de que cada centro escolar cuente con una biblioteca infantil, algo que cree clave.

Por ASG y NC, Jesús Ramón Ramos y Luis Alberto Campos destacaron la relevancia de que las bibliotecas ocupen un papel central en la sociedad y que no sean simples recintos, "sino lugares integradores, de estudio y consulta". Según Campos, esto refleja lo avanzado o no que es un pueblo.

En una sentida intervención, Manuel Marrero (Podemos) hizo un tributo a numerosos canarios que han contribuido a fomentar el amor a los libros, una pasión que él vivió desde que recogía cochinilla para poder comprar publicaciones de niño. Además, presentó la ley como magnífico ejemplo de consenso global (con muchas entidades participando desde fuera) y de que, cuando quieren, los partidos pueden. Según recalcó, "un pueblo preocupado y culto tendrá opinión propia y no será engañado ni domesticado. La cultura es un derecho y su acceso, también". Por eso, remarcó que la ley obligue a, como mínimo, una biblioteca pública en cada pueblo.

Por el PP, Josefa Luzardo elogió el trabajo para modificar un texto inicial del Gobierno del que han cambiado hasta el título, añadiendo lo de Lectura. En su opinión, es muy relevante que las bibliotecas sean inclusivas y accesibles.

Cerró las intervenciones un emocionado y aliviado Juan Manuel García Ramos (CC-PNC), quien, tras evocar a Borges y la memoria que implican los libros, remarcó que el informe Pisa da una diferencia de 117 puntos de ventaja a los niños que crecen rodeados de libros sobre los que no. A su juicio, eso lo dice todo para tener claro que los "libros nos hacen libres", que hay que mimar el formato físico ante tanta avalancha tecnológica y que no se trata de formar futuros profesores de Literatura, sino médicos, abogados... Ciudadanos libres. Según su visión, esta ley intentará ayudar.