Los grupos políticos del Parlamento de Canarias asistieron ayer a la primera ponencia sobre la Ley de Bibliotecas y, según apuntan diversas fuentes a EL DÍA, la previsión es que la nueva norma vaya al pleno de finales de febrero. En caso de alguna complicación, aún quedarían las sesiones de marzo, si bien las ponencias se han organizado de manera que el acuerdo se pueda acelerar porque el consenso sobre las líneas básicas es muy amplio y ayer se volvió a constatar, con lo que se intenta evitar que acabe el mandato y la normativa deba esperar hasta la siguiente legislatura.

La ley trata de tapar un agujero de siempre en el Archipiélago y surge por el impulso, entre otros, de diputados como Juan Manuel García Ramos (CC-PNC). Entre otros objetivos, y en un texto no muy extenso ni complejo, se pretende regular el uso de las bibliotecas públicas, la profesionalización de su personal y la protección y difusión de fondos y archivos.

Ayer se celebró la primera ponencia, pero habrá pocas y se acelerará su derivación al pleno

Con esta ley, Canarias dejará atrás su vacío normativo en este ámbito, al ser la única región que carecía de una norma así. Además, se abordará otra carencia clave, ya que se quiere potenciar al máximo los hábitos de lectura en una comunidad con insuficiencias y que se sitúa por debajo de la media nacional y, más aún, de la UE. Para ello, se prevé facilitar las campañas de promoción, sobre todo con jóvenes por cómo quedan las Islas en el informe Pisa.

También se quiere no solo mejorar el acceso a los fondos bibliográficos, sino discográficos, cinematográficos y audiovisuales existentes en los distintos centros públicos. Asimismo, se procura una mayor coordinación entre bibliotecas, reforzar la investigación, el uso de nuevas tecnologías, y unificar los criterios de clasificación, distribución y uso de fondos.