No puede haber buena arquitectura en las Islas si no hay conciencia de su necesidad. Si hay algo sostenible para un destino turístico es "aprovecharse" de su cultura, de su historia, de sus mitos y de su identidad, y de la calidad y experiencia de sus intelectuales. Porque todo eso ya está ahí, y por tanto es sostenible, solo tenemos que utilizarlo de manera inteligente.

Como Cesar Manrique decía en 1988, cuando Radio Club le otorgó el Premio Teide de Oro: "No podré entender nunca que las autoridades no hayan tenido la suficiente visión de futuro para darse cuenta de que había que parar y programar una industria inteligente del turismo que no diera pie a la especulación caótica que se extiende por todas las islas".

Ahora estamos en un momento crucial: y la arquitectura podría estar de suerte. O no. Todo depende de cómo se interprete la nueva Ley de Contratos que entró en vigor el pasado 9 de marzo. Pero si se interpreta como lo han hecho en Alemania, podríamos decir que la profesión está (estaría) de suerte. En Alemania, donde la Directiva Europea de la materia está traspuesta desde hace años y donde se han venido celebrando concursos de arquitectura que ya han dado resultados estupendos como por ejemplo el nuevo auditorio de Munich, resultado de un concurso público cuyo ganador fue el estudio Cukrowicz Nachbaur, o el museo de Berlín, concurso que ganaron Herzog y de Meuron o el nuevo centro de congresos para la ciudad de Heidelberg en el que del concurso público convocado resultó ganador Degelo Architekten.

Una de las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en relación a la arquitectura es que recoge una serie de previsiones específicas para la adjudicación de los contratos que tienen por objeto prestaciones de carácter intelectual, dentro de las cuales se encuentran los servicios que prestan los arquitectos.

Si queremos tener ciudades mejores, islas mejores, más adecuadas para la vida con calidad de todas las personas, más bonitas y preparadas para competir turísticamente, entonces la ley hay que interpretarla de manera que lo intelectual tenga el mayor valor posible. Para la adjudicación de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de arquitectura o de ingeniería, la LCSP considera especialmente adecuada la utilización de procedimiento restringido, y en aquellos que tengan por objeto la redacción de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial complejidad, los órganos de contratación deberán aplicar un concurso de proyectos (o sea, un concurso donde ganen las mejores ideas).

Lo que más impresiona cuando analizas los criterios de adjudicación que se han utilizado en Alemania, por ejemplo en Múnich, es lo lejos que hemos estado aquí en España y en Canarias de unos criterios que verdaderamente puedan ser más objetivamente interpretados y mejor valorados los méritos que de verdad importan cuando se quiere construir ciudad.

En la nueva ley los criterios de adjudicación utilizados tienen que permitir obtener prestaciones de gran calidad que respondan lo mejor posible a las necesidades planteadas, en concreto, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. Pero estos criterios relacionados con la calidad no pueden ser ya mediante un "juicio de valor" subjetivo, sino objetivables: por ejemplo, el número de premios obtenidos en edificios similares, o el tamaño o presupuesto de otros edificios ya realizados.

Otro de los problemas a los que se enfrentarán próximamente los arquitectos (una vez más) será a cómo calculan las administraciones el coste de sus servicios. Si se quiere calidad para la ciudad, hay que entender que la calidad de cualquier servicio requiere un coste mínimo, por debajo del cual no es posible conseguirla. No se regalan duros a cuatro pesetas. Es el próximo reto.