El mapa territorial español lleva tiempo agitado en lo que concierne a la singular personalidad política de algunos pueblos que pretenden caminar por una nueva senda constitucional. Por ello, y de manera tibia, en la pasada legislatura de Rajoy, ante la insistencia de los nacionalismos, se constituyó en el Congreso de los Diputados una comisión para la reforma de la Constitución, integrada por los distintos partidos políticos, entre ellos una representación del nacionalismo canario por parte de Ana Oramas y Pedro Quevedo. Pero esta comisión no tuvo ni tiempo ni oportunidad para nacer.

En la actualidad, el Gobierno de Sánchez, para dar satisfacción a los nacionalistas catalanes, ha procurado el dialogo en aras de dimensionar un nuevo marco territorial. Cuestión imposible puesto que lo que los catalanes exigen es el derecho a la autodeterminación por donde la Constitución actual no pasa y más aun enfatizando el articulo 2 de la misma.

Pero el camino para desandar el laberinto nacional y nacionalista no es otro que atemperar la rigidez de la Constitución vigente, sobre todo lo que incide sobre el modelo territorial reflejado en el Título VIII, dado que persisten exigencias históricas que deben dar satisfacción a todas las fuerza políticas para lograr un amplio consenso, si es que se quiere finiquitar un problema de siglos.

Desde la Declaración de Barcelona en 1999, subscrita entre vascos catalanes y gallegos, que subrayaron como meta la autodeterminación, hasta hoy, nada se avanzado en ese sentido, aunque partidos, como el PSOE en su mejor época ideológica, apostaban por la autodeterminación de los pueblos de España. Pero eran otros tiempos.

No tiene porque existir tanta aversión a las reformas constitucionales si van en la dirección debida. En España, desde el Estatuto de Bayona hasta la actual, han existido siete constituciones. Y países como Bélgica, y desde el año 1970, su Constitución ha sido reformada en 7 ocasiones. La norteamericana, paradigma del constitucionalismo, se ha modificado 27 veces, y por señalar alguna otra, la italiana, ha sido reformada por leyes constitucionales en 44 oportunidades.

Las rigidez de los textos constitucionales dificulta el desarrollo de los pueblos. Lo que motiva la pregunta ¿por qué ese afán de continuar en el quietismo o rigidez constitucional como si al hablar de modificar el mapa territorial parece se nos caiga el mundo encima? ¿Será tal vez porque aún pensamos que la unidad de España se logró con los Reyes Católicos? ¿Será que España es la del reinado del italiano Amadeo I de Saboya o la que hubo que habilitar para que entrara por los Pirineos el nieto del Rey Sol con el nombre de Felipe V?

La rigidez constitucional debe analizarse para adecuarla a nuevas situaciones. Es este, por supuesto, uno de los compromisos de alta política que continua pendiente, pero para ello se necesita un pensamiento político de altura, del cual se carece ahora mismo.

Cataluña necesita solución, lo mismo que Euskadi y, por supuesto, Canarias, que desde el siglo XV ha padecido capítulos de grandes ausencias que han condicionado que muchos vuelvan la vista atrás, que estimule una dinámica que cuestione la rigidez constitucional actual en aras de la construcción de una nueva estructura política e histórica.