El pasado 28 de diciembre, el Gobierno estatal aprobó el Real Decreto Ley 28/2018 de revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Son un conjunto de decisiones necesarias, y en el caso de empleo, guiadas por el hecho de que, por primera vez desde 2008, la tasa de paro descendiera por debajo del 15% en el Estado.
El número 15, la niña bonita, tenía pues, para el empleo, un significado de cierta trascendencia. Algunas iniciativas aprobadas en la Ley 11/2013, de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se tomaron como contrapeso a la elevada tasa de paro en España, y su vigencia se supeditaba a que ésta superara el 15%.
Esta tasa, calculada por el Instituto Nacional de Estadística cada tres meses en la Encuesta de Población Activa, se situó finalmente por debajo de esa cifra en el tercer trimestre de 2018, lo que supuso que el real decreto estableciera la desactivación de 5 medidas: los incentivos a la contratación a tiempo parcial de jóvenes con vinculación formativa certificable, en idiomas o TIC; los incentivos a la contratación indefinida de jóvenes por pyme y autónomos; los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven dirigidos a la contratación indefinida de parados de larga duración mayores de 45 años; los incentivos para la adquisición de una primera experiencia laboral para jóvenes menores de 30 años; y, por último, los incentivos para los contratos en prácticas de recién titulados.
Pero, quizás, lo más doloroso ha sido la derogación del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, también condicionado al 15%. La Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral estableció este incentivo dentro de las medidas de fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo para empresas de menos de 50 trabajadores, el 99,21% en las Islas, que ahora ya no podrán formalizar este contrato. Esto significa, además, que se han perdido las bonificaciones en la cuota empresarial logradas para Canarias en 2017 para la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 y 30 años o mayores de 45 años, especialmente intensificadas para mujeres en ocupaciones donde están menos representadas.
Sin embargo, Canarias aún tiene una tasa de paro por encima del 15%, aunque haya conseguido reducirla en 10 puntos durante esta legislatura. También están por encima del 15% Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Juntas, el 44% de los parados del Estado. ¿Acaso en estos territorios las medidas anuladas no siguen siendo necesarias?
Debemos aprovechar la oportunidad que se nos brinda al tramitar como Ley el Real Decreto-Ley del 28 de diciembre, ya convalidado, para territorializar la derogación de las medidas que nos afectan, y dar una verdadera dimensión local a las políticas de empleo. Redactar de nuevo las disposiciones para que se referencie su vigencia a la tasa de paro de cada comunidad autónoma es razonable y necesario. Canarias necesita ser, también, una niña bonita para el Estado.
*Director del Servicio Canario de Empleo