El Cabildo de Tenerife ha decidido comprar un edificio en Cabo Llanos, ya construido y sin uso, para reacondicionarlo y destinarlo a un centro sociosanitario. El expediente pasó por todas las instancias de la Corporación insular, por todos los informes técnicos y por todos los órganos políticos. Pero cuando el río ha llegado a la desembocadura, hete aquí que estamos ya en plena precampaña electoral, ese tiempo en que las cañas se vuelven lanzas. Y ha surgido una feroz crítica de una parte de la oposición y del socio de gobierno de Coalición Canaria, esto es del PSOE, porque el edificio es propiedad de una empresa en la órbita familiar del empresario Antonio Plasencia. Y como Plasencia ha sido condenado en dos ocasiones, por la operación de Las Teresitas y por la extracción de áridos en Güímar, lo que se plantea por estos grupos es un reproche moral: no se le puede comprar un bien a un empresario que ha estado involucrado en dos procesos penales. Como si los tabiques estuvieran infectados con una miasma contaminante.

De forma paralela, como argumentario de apoyo, se manejan también algunos argumentos de carácter técnico, algo más peregrinos. Por ejemplo que al tratarse de un edificio de muchas plantas es inadecuado para su uso por los mayores, porque plantea desplazamientos en vertical. Los que manejan estos datos parecen ignorar la existencia de ascensores, que funcionan perfectamente bien en lugares donde los usuarios tienen problemas de movilidad, como los hospitales. Pero sobre todo parecen olvidar que en Las Palmas de Gran Canaria el edificio del antiguo hospital de El Pino se ha dedicado a centro sociosanitario siendo que tiene bastantes plantas más que el inmueble objeto de la compra en Tenerife.

La vida cotidiana está llena de este tipo de debates que enfrentan la ética ideal con la cruda realidad. Hemos visto hace bien poco como los principales responsables de Podemos en Andalucía se enfrentaban al dilema moral de defender a los trabajadores de Navantia que estaban fabricando varios buques de guerra con destino a Arabia Saudí -un país ejemplar en la vulneración de los derechos humanos o el maltrato a las mujeres-, porque lo que se estaban jugando eran miles de puestos de trabajo. Es decir, cuando el sustento de las familias entra por la puerta, la moral salta por la ventana. Es lo que hay. Y lo mismo podría decirse en otro escenario menos alimenticio, como el fraternal almuerzo de la secretaria general del Partido Socialista Vasco, Idoia Mendía, con el líder de Bildu, Arnaldo Otegui, que ocasionó una carta de dimisión del PSOE del hijo del asesinado por ETA Fernando Múgica, que consideraba moralmente inaceptable que la líder territorial de su partido compartiera mesa y mantel con quien en su día defendió la política del tiro en la nuca de los terroristas vascos que asesinaron a su padre (aunque luego, a la vista del fracaso de la vía violenta, se apuntara con inteligencia a la liquidación de la banda).

Que Plasencia haya sido condenado en dos causas penales, derivadas de sus actividades empresariales, nada tiene que ver con que sus empresas, de las que comen muchas familias, sigan funcionando en otros ámbitos. Pero es que además, el fin último del edificio que se está adquiriendo -que en su día también se barajó, que ironía, como posible sede de instalaciones judiciales- es ponerse a disposición de ancianos que lo necesitan de forma perentoria. Y si lo que se va a conseguir es tener las mejores instalaciones para nuestros mayores ¿que otra fuerza moral puede tener un empuje superior? La respuesta es sencilla: ninguna.