Recuerdo una película del oeste. El protagonista tiene un caballo precioso y le preguntan como se llama, el responde que "caballo". Y cuando insisten en saber por qué no le ha puesto un nombre, responde que él no le pone nombre a algo que a lo mejor algún día se tendrá que comer.

A veces en política hay que "despersonalizar" los asuntos. Porque uno no se puede llevar a la vida pública los prejuicios, las filias y las fobias personales que forman parte el patrimonio íntimo de cada cual. Hace unos días ha surgido la noticia de que el Cabildo de Tenerife adquiría un edificio vinculado al empresario Antonio Plasencia. Y varios partidos políticos se han pronunciado de forma iracunda en contra de esa adquisición. Como siempre, creo que es un asunto que hay que afrontar de frente y sin esconderse. Es lo que siempre he hecho en política, sin esconderme. Y voy a tratar de explicarlo.

Lo primero es señalar que la compra del edificio en Cabo Llanos, que será destinado a servicios sociosanitarios, por importe de un máximo 29,1 millones de euros, es absolutamente legal y ha pasado todos los filtros de los funcionarios y técnicos del Cabildo de Tenerife. El precio es el adecuado (mucho más bajo del que hasta ahora se estaba ofreciendo en el mercado) porque está por debajo de la tasación y porque el coste resultante por plaza sociosanitaria está en línea o por debajo con el de infraestructuras similares. Y sobre todo y más importante, se trata de una oportunidad que no podemos dejar pasar. Porque aún con las obras de finalización y adaptación necesarias -que se van a acometer de inmediato- el plazo en el que el nuevo centro estará a disposición de sus usuarios va a ser mucho más corto que en cualquier otro supuesto. Nos permite disponer de un centro mientras se reforman otros, ampliando además las plazas disponibles a medio plazo, objetivos ambos irrenunciables del plan sociosanitario del Cabildo.

Porque lo que no debemos perder de vista es a las personas. A todas esas personas de los centros de Ofra y del Febles Campos que van a estar en muchas mejores condiciones en ese nuevo centro sociosanitario de Cabo Llanos.

El empresario Antonio Plasencia tiene que responder ante la justicia de los hechos derivados de sus condenas en casos como el de Las Teresitas o las extracciones de áridos en Güímar. Me he pronunciado varias veces en ese sentido. Pero esas responsabilidades no necesariamente afectan a sus empresas y a sus actividades ni mucho menos a sus trabajadores. Estamos ante una propiedad que a todos los efectos es la mejor y también diría que casi la única para los fines que persigue el Cabildo ¿Cuál es el problema para comprarla? ¿El juicio moral que le merece su propietario -o uno de sus propietarios- a los partidos políticos?

Resultaría tentador entrar en ese terreno siempre tormentoso de la moral. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si un partido que durante años tuvo su sede en un local propiedad de ese mismo Antonio Plasencia puede tener ahora mismo un ataque de moralina: especialmente cuando de lo que se trata es que las personas mayores disfruten de unas instalaciones mucho más adecuadas a sus necesidades. O podríamos escuchar los discursos de otras fuerzas, que se han dado un abrazo de reconciliación con partidos políticos y líderes vinculados al terrorismo, que arrebataron la vida de personas inocentes, que consideran saldadas las deudas con la sociedad de quienes han pagado sus asuntos ante la justicia. A unos y a otros parece que este caso les ha afectado de una forma bien diferente.

Pero la cuestión no es convertir esto en otro debate, en otra guerra sucia de antes de unas elecciones. Hay asuntos en los que yo por lo menos no juego con el bienestar de las personas que más nos necesitan. Cuando el asunto de la compra del inmueble llegó a mi mesa supe que esto podría tener un "coste político". Porque como se dice por aquí, uno sabe lo que hay. Me hubiera gustado que la propiedad del edificio estuviera en otras manos que no fueran las de una "persona pública" por razones tan polémicas, pero era así. Lo llevamos y aprobamos al Consejo de Gobierno del Cabildo -varias veces- en el Consejo rector del IASS e incluso en un pleno, donde se debatió una modificación de crédito para acometer la compra. Este no es un tema -como casi ninguno en las administraciones públicas- que llegue por sorpresa, sino que tiene detrás un largo camino de estudios y decisiones. Lo único es que las elecciones están mucho más cerca que hace algunos meses y ya casi cualquier cosa se transforma en combustible electoral.

Cuando tomamos la decisión puse en la balanza lo importante frente a lo personal. Sabía perfectamente que algunos se aprovecharían del nombre de Antonio Plasencia y que eso podría tener un coste político y mediático para mí y para mi partido. Pero pesó mucho más el hecho de que en muy poco tiempo podríamos poner unas nuevas instalaciones a disposición de nuestros dependientes con mejores condiciones de trabajo para los empleados del IASS. No hay color. La decisión estaba muy clara. Para eso estamos aquí: para hacer las cosas que benefician a los ciudadanos. Por lo menos para eso estamos algunos.

* Presidente del Cabildo de Tenerife