¿Dónde han quedado las promesas del PSOE en materia de vivienda? Cuando Pedro Sánchez Castejón ocupó La Moncloa anunció que la vivienda sería una de las prioridades de su Gobierno, con medidas poco menos que revolucionarias que blindarían su función social. ¿Y en que ha quedado todo aquello? Pues simplemente en su plegamiento a Pablo Iglesias para conseguir el apoyo de Podemos y todos sus satélites. Es decir, el PSOE ha dejado la política de viviendas en manos de Pablo Iglesias para salvar sus propios muebles y así poder mantenerse en el poder.

El documento suscrito por ambas formaciones, bajo el título "Presupuestos para un Estado Social", a cambio del apoyo de Pablo Iglesias al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2019, se compone básicamente de las medidas contempladas en la Proposición de ley de Emergencia Habitacional en Familias Vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética que fue impulsada por Podemos y Esquerra Republicana y que se encuentra en trámite parlamentario.

Entre estas medidas se propone modificar el mercado del alquiler aumentando los plazos mínimos de contratos de alquiler, poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler, facultar a los ayuntamientos para establecer precios de referencia, incrementar el número de viviendas de alquiler a precios asequibles (20.000 en 4 años), ayudas para la adquisición de vivienda construida, financiación de rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, Convenio con la Sociedad Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), establecimiento de un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda y protección de los deudores hipotecarios.

En román paladino, estas medidas implican, entre otras cuestiones, penalizar a los propietarios de viviendas vacías, establecer los precios máximos de alquiler por decisión de cada ayuntamiento, obligar a los propietarios de vivienda a ponerlas en el mercado del alquiler mediante multas y medidas coercitivas y, para colmo, permitir las ocupaciones en precario.

Aunque la narrativa usada por los promotores de estas medidas que les han sido impuestas al PSOE es que están destinadas a evitar la especulación de los grandes tenedores de viviendas, como los bancos, y a alejar a los fondos buitres del mercado inmobiliario, la realidad es que se trata de medidas que afectan a aquellos propietarios (personas físicas, no solo empresas) que dispongan de 5 viviendas u 800 m2 construidos en la suma de sus propiedades. Tal cual, sin más condiciones.

Y si consideramos que el 96% del mercado de alquiler está en manos de pequeños propietarios, personas físicas, estas medidas, obviamente, no van a afectar solamente a los bancos o a los grandes fondos de inversión, sino también al ahorrador medio español que en su día apostó por la compra de vivienda para garantizar un mejor futuro para su familia. No podemos estar de acuerdo con una medida que castiga al pequeño inversor en un sector clásico para todo aquel que ha podido arrancar un rendimiento extra a sus ingresos por el trabajo o gracias a las herencias recibidas.

También se nos dice que con estas medidas el precio de los alquileres bajará. Falso. El PP está de acuerdo con que hay que abordar el elevado y creciente precio de los alquileres, pero no con el método que se propone en este paquete de medidas, sino aumentando la oferta de vivienda pública en alquiler y no atentando contra derechos constitucionales de las personas. Somos absolutamente conscientes del problema de muchas ciudades, donde el precio de la vivienda ha aumentado considerablemente, sobre todo el de alquiler. Es un fenómeno que se produce sobre todo en lugares de costa, núcleos poblacionales afectados por el incremento de viviendas vacacionales, o allí donde se produce una gran demanda frente a una precaria oferta.

El PP comparte la necesidad de revisar la política de vivienda y el diagnóstico que se ha hecho de la situación, pero no puede secundar en ningún caso las soluciones que se quieren implementar.

No creemos, por ejemplo, que la solución para reducir los disparatados precios del alquiler pase por rebajar por ley los precios e intervenirlos. La regulación del precio tiene que venir del necesario equilibrio entre oferta y demanda. Nadie pone un precio porque sí, sino de acuerdo a la situación del mercado.

Sí creemos en la necesidad de que las comunidades autónomas se pongan las pilas e incrementen la oferta de vivienda pública, que es deficiente en todas ellas y muy especialmente en Barcelona y Madrid.

Y también apostamos por incentivar a los propietarios para que pongan en el mercado viviendas que están actualmente vacías, ya que el grueso de ellas está en manos de particulares y no en poder de las entidades financieras y del SAREB.

Para suavizar la presión que vive el mercado de alquiler proponemos la creación de bolsas de vivienda social. Y en nuestro Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, puesto en marcha por el PSOE, hay 6 programas distintos referentes a vivienda de alquiler, con el objetivo, entre otros, de generar suelo finalista y evitar la inseguridad jurídica para los propietarios presente en la legislación vigente.

Estas son nuestras propuestas. Las de Podemos ya han sido reseñadas aquí también. Pero, ¿se puede hablar de una política de vivienda socialista, tal y como se nos prometió? Imposible. Por un lado el PSOE se ha tragado la política de vivienda de Podemos, para salvar su precaria situación en el Gobierno y, por el otro, y tal vez por la necesidad de poner un poco de cordura a la situación, ha adoptado el Plan de Vivienda del Partido Popular, al igual que los presupuestos que elaboramos nosotros.

¿Dónde está entonces, repito, la revolución en materia de vivienda anunciada por Sánchez Castejón? Pues se ha quedado, como hasta aquí he relatado, en una engañifa más de un Gobierno de saldo que sobrevive en precario. Tanto, que es incapaz de pensar en otra cosa -tampoco en el problema de los ciudadanos con la vivienda- que no sea en cómo salvar su propio pellejo.

*Diputada del PP en las Cortes Generales