El pasado 16 de octubre celebrábamos, en Las Palmas de Gran Canaria, el II Congreso en materia de Dependencia, bajo el lema Rindiendo Cuentas. Se llamó así porque realmente rendimos cuentas sobre los nuevos retos que nos habíamos planteado, como lema, en el primer congreso celebrado en Tenerife en el año 2017.

No cabe duda, si analizamos las cifras, de que el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia ha seguido una senda ascendente desde 2016, después de 10 años de casi paralización. Si nos preguntamos si ello es suficiente, debemos contestar que no. Todos estamos de acuerdo en que aún quedan muchas cosas por hacer para mejorar la atención, reducir las listas de espera y, en definitiva, procurar la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, tal y como recoge la Ley.

El Congreso fue un punto de exposición, debate y encuentro entre administraciones, personal técnico de la dependencia, organizaciones del tercer sector, asociaciones y familiares, con el afán constructivo de contribuir, entre todos, a la mejora del procedimiento de reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones económicas o servicios, siendo múltiples los puntos coincidentes.

Que el procedimiento para el reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones, unido a la lista de espera de años de paralización, es poco ágil, fue uno de los aspectos en los que hubo consenso. El actual procedimiento administrativo está regulado en el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, sin que hasta la fecha nadie haya propuesto su modificación. Sin embargo, este equipo entiende que no da respuesta a la realidad social por lo que es necesario simplificarlo, y en ello estamos trabajando, a la espera de que pueda ser aprobado en la presente legislatura.

Pero los problemas administrativos citados, entre otros, no son los únicos factores sobre los que debemos acometer reformas. ¿Son suficientes los servicios que prestamos? ¿No detectaron equipos de gobierno anteriores que determinadas incompatibilidades entre prestaciones no tenían sentido alguno y perjudicaban al beneficiario?

Sin ninguna duda, debemos desarrollar la cartera de servicios, incorporar, regular y ampliar servicios como la teleasistencia, la prevención y la promoción de la autonomía personal, la ayuda a domicilio, la asistencia especializada o el transporte, pero para ello es necesario que se apruebe la Ley General de Servicios Sociales, actualmente en trámite parlamentario.

Son tantos lo beneficios que recoge este proyecto de ley para los beneficiarios y usuarios de los servicios sociales que no nos cabe la menor duda de que nadie, nadie socialmente responsable, paralizará o ralentizará su tramitación y aprobación, que debe producirse este año para que la importante financiación que lleva aparejada pueda ser incorporada a los presupuestos para 2019.

Hablando de los servicios y prestaciones debemos también referirnos a una preocupación y propuesta de estudio y modificación que trasladamos en el Congreso y sobre la que también hubo consenso. ¿Cómo es posible que suspendamos la prestación económica vinculada al servicio a un usuario, gran dependiente, que consigue un trabajo, con independencia de la jornada o el salario que perciba? ¿Y cómo es posible que no fueran compatibles un servicio de promoción de la autonomía personal con una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar? Pues tales incompatibilidades, entre otras muchas, se recogen en el Decreto 131/ 2011, de 17 de mayo. ¿A ningún equipo anterior se le dieron algunas de estas situaciones?

Quizás se deba al número ascendente de prestaciones que en la actualidad gestionamos o al contacto directo con nuestros usuarios y entidades colaboradoras, pero detectado el problema, hemos podido solventar algunos con informes jurídicos; otros tendrán que ser modificados. Y en ello también estamos trabajando.

Estas, entre otras muchas, fueron algunas de las mejoras que planteamos en el Congreso y sobre las que hubo un amplio consenso, pero la conclusión más importante con la que me quiero quedar es que todos debemos arrimar el hombro, remar en la misma dirección, porque lo importante, son las personas. Claro que se puede y se debe ser crítico con la dependencia, pero siempre con ánimo constructivo y haciendo propuestas en positivo, porque lo contrario, las guerras, no mejoran la situación de las personas dependientes, y porque los magníficos profesionales que se dedican con gran implicación a la dependencia o a la discapacidad se merecen el mayor de nuestros respetos.

*Directora general de Dependencia y Discapacidad