Continúa el ciudadano español envuelto en el desastre originado en tiempos del presidente Zapatero (plácet al Estatuto catalán antes de ser recortado por el Tribunal Constitucional. De ahí hasta hoy), y acogotado por los prestamistas, usureros, banca y políticos que trataron de ocultar la grave situación que atravesaba el país, pero que, gracias a la actividad de algunos jueces, no todos, se ha venido conociendo para vergüenza y deshonor de multitud de altos cargos que, utilizando el poder del dinero que los ciudadanos depositaban en las distintas entidades para su custodia, se sumergieron en unos mundos nauseabundos (tarjetas "black") donde imperaban, como mínimo, la droga, la prostitución, la especulación y el todavía más turbio escenario hipotecario, llegándose al extremo de que, mientras un 80% de la población lo pasaba francamente mal, ellos, los directivos de las grandes empresas, se empapaban de whisky azul, de olores de lencería femenina cara y de risotadas dedicadas a unos incautos clientes que salían felices de la entidad bancaria porque, además de obtener el dinero para su soñada vivienda, el banco les ofrecía una cantidad mayor para unos posibles gastos. El resultado, ya conocido, está en los despachos de los jueces. Los capitostes, algunos en la cárcel, otros esperando a entrar en ella. Los casos de las Cajas, Bankia y el más actual, Caixa Catalana, son solo tres ejemplos de lo que unos fulanos sin escrúpulos pueden causarle a un pueblo ingenuo e informado con letra pequeña.
La macroeconomía progresa y, paralelamente, también la desigualdad social y los nuevos ricos. La riqueza de los multimillonarios en España creció un 10%, esto es, 25 más acaudalados en el 2016. En total son 224.000. Pero, con esta terrible desigualdad, da lo mismo que el Gobierno estatal sea de un color o de otro. La banca sigue campando a sus anchas y comienza a ofrecer, otra vez, esos formidables créditos maquinados y maquillados por mandamases que se esconden en ocultos y lúgubres despachos, enviando a los empleados a que den la cara en los mostradores y mesas de la entidad, cuando los oficinistas, en la mayoría de los casos, apenas tienen conocimiento real de lo que ofrecen al infeliz cliente. Cuando el panorama se torna en desastre nacional, el presidente de turno interviene con un extraordinario plan de saneamiento que consiste en que los jubilados puedan llegar a cobrar 800-900 euros mensuales, con lo cual quedan exentos de la declaración de la renta y, por fin, una medida que cale bien hondo en el pueblo como es la de que los más ricos, los que perciben 130.000 euros anuales, paguen más al fisco. Con lo cual continuarán siendo super-ricos.
Con este panorama desolador, salpicado por insultantes desahucios, surge, en solitario, un alcalde, José Manuel Bermúdez, quien, poniendo los arrestos encima de la mesa, ha solicitado al Banco de Santander la paralización inmediata de los procedimientos judiciales de desahucio que han emprendido en unas viviendas de protección oficial situadas en Añaza. El alcalde, que siempre camina pisando seguro y firme, ha manifestado: "Tienen que parar los desahucios y renovar los contratos de alquiler, porque son viviendas de protección oficial y, como tales, ¡no se pueden transmitir ni vender sin la autorización del Gobierno de Canarias! (los signos de exclamación son nuestros). Por eso, si están pensando en venderlas, o incluso si ya lo han hecho, vamos a iniciar acciones legales para hacer cumplir la ley".
Esta desagradable situación (es una expresión menos dura) "tiene que cambiar de manera urgente, ya que el 70% de las familias que están allí ahora mismo reciben ayuda de los Servicios Sociales del ayuntamiento. Si no les renuevan el contrato de alquiler, va a generarse una ¡situación de desamparo para ellos porque no podrán recibir la ayuda municipal! (las exclamaciones vuelven a ser nuestras), a la que tienen derecho ahora mismo por estar como inquilinos en esas viviendas". Las viviendas, estas viviendas y otras muchas repartidas por la ciudad, son indicativas del nivel de vida de los vecinos que habitan en ellas, de unas familias que quieren compartir entre sus miembros cierto grado de bienestar que les permitan sus limitados ingresos. El ayuntamiento está junto a los ciudadanos de Añaza, Miramar, Santa María del Mar, La Salud, La Victoria, Ofra o García Escámez. En la Casa de los Dragos hay conciencia de que Santa Cruz de Tenerife no se circunscribe únicamente al desarrollo que se engloba desde la plaza Weyler hacia la mar. De ahí la nueva dedicación urbanística y social que desde los despachos municipales se dirige a la periferia con una entrega absoluta de los técnicos inclinada al solaz de los olvidados vecinos.
Cabe preguntarse qué medidas toma Hacienda ante la intolerable equidad salarial escorada hacia los poderosos. José Manuel Bermúdez, alcalde de El Chicharro, va despacio porque tiene prisa. Y propala verdades que no gustan, aunque tenga enfrente a una entidad bancaria. No es la primera vez.