Entre los pilares fundamentales que sostienen a cualquier sociedad libre y democrática se encuentra, como no, la educación. Quien controle la educación, controla a la sociedad y, con paciencia y acierto, puede llegar a controlar incluso la libertad y, por extensión, el papel de la propia democracia. Ahora hay quienes reclaman la posibilidad de devolver al Estado determinadas transferencias que nunca se debieron trasladar a la comunidades autónomas (CCAA), tales como la seguridad ciudadana, la justicia, la seguridad social y, por supuesto, la educación.
Ahora que se ha hecho público -después de haber estado más de siete meses guardado en un cajón del Ministerio de Educación-, el estudio-informe de la Alta Inspección del Estado, sobre determinados libros de textos de Primaria y de Secundaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña; y, tras comprobar que dichos textos "contravienen los derechos, libertades y deberes fundamentales recogidos en la Constitución y en las leyes orgánicas educativas", la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, al ser preguntada por dicho informe y sobre qué pensaba hacer el Gobierno de España al respecto, la ministra, que además lo es de Educación, respondió que dicho informe "carece de rigor" y se quedó tan ancha; y eso, a pesar de que el estudio afirma, entre otras muchas obviedades, "que los libros de texto incitan al separatismo y que ignoran la presencia de Cataluña dentro de España, utilizando todos los elementos del discurso nacionalista-soberanista para retorcer la historia de manera aleccionadora".
La transferencia educativa a las CCAA se llevó a cabo durante la década de los 80, estando gobernando Adolfo Suárez; y se hicieron principalmente al País Vasco y a Cataluña. Fue entonces cuando se creó la Alta Inspección del Estado. Más tarde, ya en la década de los 90, se siguió transfiriendo las competencias educativas a las distintas CCAA que faltaban. Dicha Inspección, que tiene su sede central en Madrid, en el Ministerio de Educación, cuenta con una serie de representantes en las distintas delegaciones del Gobierno; pero se da la paradoja de que no son inspectores de carrera propiamente dicho; es más, suelen ser funcionarios docentes en comisión de servicio, cuya permanencia en el puesto va en función del tiempo que dure el Gobierno de turno. Lo lógico sería que dichos funcionarios fueran inspectores de educación y que tuvieran su puesto fijo ganado por oposición, y que llevaran a cabo su verdadera misión inspectora al margen de las veleidades políticas; y vigilar, controlar y vertebrar mejor la educación en el conjunto del Estado.
Aún así, y volviendo al informe de la polémica, éste ha venido a demostrar y/o a poner de relieve el caos y la politización sectaria que están llevando a cabo los distintos gobiernos autonómicos -unos más que otros-; sobre todo, aquellos que tienen una lengua propia y que la utilizan como arma política arrojadiza y excluyente, en contra del idioma español, cambiando, cuando no reinterpretando o, peor aún, inventando el nombre y el verdadero origen de las cosas; además de los contenidos históricos e incluso geográficos. La educación ha pasado de estar en manos del poder político central a estarlo al servicio del poder político regional; pero con las mismas perversas intenciones; someter y controlar a las personas y ponerlas en contra del Estado. Comenzaron instrumentalizando de forma descarada y sectaria el estudio del medio, adoctrinando a través de dicha materia, primero de forma localista, después nacionalista, para terminar transitando sin tapujos ni cortapisas en el supremacismo racista actual.
Hemos pasado de tener en la década de los años 60 y 70 un modelo educativo típicamente francés, donde se defendía fundamentalmente a la escuela pública, ciertamente algo rígido pero donde imperaba la disciplina, la coherencia en la defensa de la meritocracia intelectual, un alto nivel de exigencia, tanto para los profesores como para los alumnos, donde se daba importancia tanto a los análisis como a las evaluaciones; a la década de los 80 y 90 donde se impuso el modelo anglosajón basado más en los procedimientos y en las técnicas que en los contenidos, o dicho de otro modo, se valoraban más las horas trabajadas que el propio conocimiento de la materia; para pasar posteriormente, a otros modelos educativos volubles, cambiantes, improvisados y al servicio del adoctrinamiento ideológico del alumno.
Hace falta urgentemente un acuerdo de Estado; un pacto educativo que sirva para unificar criterios -es obvio que cada niño o niña debe saber y aprender las mismas cuestiones básicas, independientemente del lugar donde viva-, dándole valor a su lengua, el que la tenga, pero sin arrinconar el español; y que dicho pacto dure el tiempo suficiente como para que pueda ser desarrollado en todo su contenido, independientemente del color o del signo político del Gobierno que se siente en La Moncloa.
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