En Canarias se recuperó la posibilidad de invertir 1.600 millones de euros extras al presupuesto ordinario, fruto de la negociación histórica entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central que permitió aprobar y dotar el FDCAN, herramienta para el impulso y dinamización económica del Archipiélago aprobada por el Gobierno de Canarias, cuando dio luz verde al Decreto de creación y regulación del FDCAN 2016, que se nutre con la cuantía resultante de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del impuesto general de tráfico de empresas, IGTE.

Un hito en la relación Canarias-Estado, fruto del diálogo institucional permanente y la demanda económica y social, para aprovechar los fondos generados en Canarias e invertirlos en las Islas.

Por otro lado, necesitadas de un esfuerzo mayor que otras autonomías por su alta tasa de paro y su condición insular y lejanía permanente.

La Consejera de Hacienda del Gobierno autónomo, Rosa Dávila, recordó que el Gobierno de España no ha planteado la flexibilización de la regla de gasto, que impide que Canarias, junto a otras comunidades autónomas y corporaciones locales cumplidoras, utilicen su superávit, un "dinero que es de todos los canarios y canarias", para mejorar los servicios públicos esenciales y que asciende a 600 millones de euros, tratándose de un parámetro injusto que limita la capacidad de gasto de Canarias.

En este sentido, recordó que esa regla de gasto solo permite utilizar el superávit en dos supuestos. "El primero de ellos es amortizar deuda, algo que no tiene sentido en las Islas porque es la comunidad autónoma española con menor deuda per cápita". El segundo supuesto es que se utilice para inversiones financieramente sostenibles, que en realidad están limitados a inversiones extraordinarias.

De alguna manera, se premia a quienes se han saltado los objetivos establecidos, mientras se decide castigar a las autonomías que han respetado los objetivos de estabilidad.

Como ejemplo de la importancia de dicho superávit, el presupuesto total de la Consejería de Presidencia, que financia justicia e igualdad entre otras funciones, asciende a 174 millones de euros (un 29% del superávit), o el de la Consejería de Obras Públicas, que financia carreteras e infraestructuras, en general, asciende a 353 millones de euros (un 59% del superávit) o toda la política económica, industria, comercio y conocimiento del Gobierno asciende a 110 millones de euros (un 18% del superávit.)

Cantidad lo suficientemente importante y de gran calado para el crecimiento económico y empleo de las islas, como para pararse a pensar que una regla de "café para todos" no corresponde con la necesaria sensibilidad con nuestro territorio.

No hay límite, mas allá de saber escuchar las necesidades canarias y la aplicación de la justicia como derecho particular de las Islas. Justo lo que necesitamos y esperamos.

* Vicepresidente de la Zona Especial Canaria (ZEC)