Intentar corregir un incumplimiento de la legalidad vigente a través de un estructurado sistema de vigilancia y sanciones debe ser visto como un fracaso social. La contundencia de esta afirmación se basa en la creencia de que deberíamos contar con un sistema lo suficientemente solidario y estructurado para que el cumplimiento de la norma sea un comportamiento inherente e indisoluble de los agentes económicos y sociales. No obstante, entre el idílico y deseado escenario y la realidad imperante, todavía nos queda un largo trecho por recorrer, de ahí la necesidad de seguir contando con instrumentos contundentes de corrección. Es por esto por lo que tenemos que valorar todos los esfuerzos que se hagan para garantizar los derechos y obligaciones en materia laboral. El fin último del control es lograr un mayor y mejor empleo que genere inserción social de manera compatible con una mayor y mejor estructura productiva competitiva que permita mejorar y consolidar nuestra cohesión social, económica y territorial.

En el caso de Canarias, la mejora de la eficacia e incremento de las actuaciones realizadas en materia de trabajo y empleo en este último año ha venido de la mano de la mejora de la coordinación de la autoridad laboral autonómica, con el cuerpo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que opera en el Archipiélago. Más allá de la innegable vocación de servicio público que día a día se demuestra, junto a la continua actualización de conocimientos y formación específica para este territorio, se han mejorado los procedimientos de información a la vez que se ha conseguido alcanzar una mayor eficacia en las actuaciones a la hora de aflorar irregularidades de índole laboral.

Por otro lado, se encuentra el papel de la Concertación Social entre el Gobierno de Canarias y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito autonómico. Ponemos en valor este concepto porque las diferentes instituciones que operan diariamente en las relaciones laborales han actuado como colaboradoras a la hora de corregir disfuncionalidades en esta materia, más allá de hacer una extensa e intensa didáctica interpretativa de las diferentes programaciones que se ponen en circulación, ganando en la conceptualización la responsabilidad, minimizando la búsqueda de la culpa, justificando la defensa de cada una de las partes. En otras palabras: en la colaboración, todas las partes se ven ganadoras y representadas.

Paralelamente, fruto de este diálogo social, se está haciendo un esfuerzo adicional por parte del Gobierno de Canarias para poder llevar a cabo acciones de detección, actuación, corrección y sensibilización de forma coordinada. Asimismo, se dispone de mayor y mejor información, lo que permite actuar con mayor diligencia y precisión, algo que cualitativa y cuantitativamente ya se ha notado en este último año.

Pero no solo ha cambiado la forma de actuación en procedimiento. También ha habido una reorientación en la motivación de las intervenciones. En este sentido, se ha apostado por una visión preventiva del fraude, porque, más allá de la acción reactiva, es necesario apostar el valor social a un correcto uso de las diferentes modalidades contractuales. Para ello, será desarrollado un capítulo específico en materia de sensibilización social en repulsa de la economía sumergida, el empleo irregular y los riesgos laborales, no solo desde la perspectiva de la oferta, sino también de la demanda, eliminando el componente de mercado en donde este tipo de actuaciones tienen cabida.

A la hora de llevar a cabo la corrección oportuna en materia de economía sumergida y empleo irregular, también tenemos que minimizar la posibilidad de que se vuelva a incurrir en ilegalidades. Para ello, en aquellas unidades productivas o persona física donde exista la apertura de un expediente, se refuerzan las actuaciones de control al mismo sujeto infractor durante un periodo de tiempo posterior a ese hecho.

En materia de economía sumergida, lo tenemos claro, debe haber tolerancia cero. Es inadmisible que en la actualidad existan actividades productivas que no cumplan las obligaciones pertinentes básicas, o personas sin contrato desarrollando una actividad laboral. Es por ello que se seguirán intensificando las actuaciones con el fin de dotar a la sociedad del mejor instrumento de control de la ilegalidad laboral: la conciencia social.

*Director general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias