Una semana más es preciso llamar la atención sobre la necesidad de estar vigilantes con las decisiones concernientes a Canarias que adopta el Gobierno central, pues los pasos dados hasta ahora son bastante sospechosos. Y al igual que el Ejecutivo canario, así como los diputados y senadores elegidos en el Archipiélago, tienen que estar muy pendientes de los movimientos que realizan los distintos ministerios, también es preciso no perder de vista al vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno autónomo, Pablo Rodríguez, pues si sus últimas declaraciones denotan un claro escoramiento hacia Gran Canaria, sus hechos reflejan una evidente desidia en cuanto a las actuaciones que su departamento tiene que acometer en Tenerife. Si es cierto, tal y como señaló estos días, que "las inversiones se inyectan donde hacen falta", ¿a qué está esperando para convertir en realidad proyectos como el enlace Las Chafiras-Oroteanda, la ampliación de la TF-1, el cierre del anillo insular o la descongestión de la TF-5? Porque, hasta ahora, solo se le han escuchado promesas, casi todas incumplidas. Nada que ver con lo que ocurre en la isla que le vio nacer. La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) censuraba a principios de semana el desequilibrio inversor existente en perjuicio de Tenerife y ponía como ejemplo la diligencia con la que se ha llevado a cabo la construcción de la nueva carretera de La Aldea, cuya segunda fase saldrá a licitación este mes, para que los trabajos se inicien antes de finalizar el año, mientras en Tenerife los tiempos son más lentos o simplemente no discurren. Del mismo modo, advertía del "afán desmedido" del consejero por convertir al aeropuerto de Gando en "un hub en medio del Atlántico", evitando referirse a la segunda pista para el Reina Sofía. Está muy bien que se deje la piel por Gran Canaria, pero también por Tenerife, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, pues su labor es velar por los intereses de todas las Islas, no solo por los de aquella en la que reside.
Si al poco interés que el titular de Obras Públicas le pone a las infraestructuras que requiere Tenerife, se suman los obstáculos que ahora aparecen, para cerrar los convenios negociados antes de la llegada del PSOE al Gobierno central, las perspectivas no son nada halagüeñas. No obstante, este tipo de situaciones, en lugar de achantar a los chicharreros, deben servir de acicate para sumar esfuerzos y dejar claro que -parafraseando a la nueva ministra de Sanidad- con los derechos no se juega ni se negocia, simple y llanamente se cumplen. Este debe ser el lema que han de seguir los responsables públicos de la Isla y los representantes políticos en las distintas instituciones. Y también los agentes sociales, que permanecen callados pese a ser conscientes de que tanto a nivel estatal como regional se está maltratando a Tenerife. Salvo en contadas excepciones, Fepeco o el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, se ve poco movimiento en este sentido. Hay que levantar la voz y exigir que se respeten los derechos de todos los canarios y, en particular, de los tinerfeños. No se piden privilegios, sino que las Islas sean tratadas como se merecen.