La intervención del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados, para dar cuenta del camino que va a seguir el esperado descuento del 75% en los viajes entre Canarias y la Península, ha tenido sobre los residentes en las Islas el mismo efecto que un jarro de agua fría, minutos antes de saltar de la cama, a primera hora de la mañana. Las expectativas generadas a lo largo de los últimos meses, en relación a la bajada de los precios de los billetes de avión y barco una vez fueran aprobados los presupuestos generales del Estado de 2018, se han visto truncadas, de repente, por la mala redacción de la enmienda presentada por Nueva Canarias a las cuentas públicas elaboradas por el Partido Popular y también, hay que advertirlo, las prisas que les entraron a todos, diputados y senadores, para sacar rédito político a la bonificación sin que aún hubiera entrado en vigor. Como coloquialmente se apunta, vendieron la piel del oso antes de cazarlo. La duda que surge ahora es si en los presupuestos aprobados el pasado jueves hay más sorpresas similares a la del descuento del 75%. Quizá los canarios con escaño en el Congreso y el Senado deberían repasar el citado documento para evitar otro bochorno similar. No vaya a ser que a los 2.100 millones de euros prometidos para el Archipiélago se les tenga que aplicar algún porcentaje de reducción debido a que a los referidos parlamentarios se les olvidó leer la letra pequeña. Que al menos lo ocurrido con los billetes sirva de toque de atención, para precisamente eso, estar más atentos.
Descubierto el error, ahora urge buscarle una solución, pues son muchos los canarios que han estado esperando la entrada en vigor del descuento para adquirir sus billetes de avión o barco. No solo con el fin de disfrutar de unas merecidas vacaciones fuera de las Islas, sino para volver de la Península después de meses de estudio allí o para reunirse con la familia en estos días de asueto. Y ahora, sin embargo, no hay bonificación y los precios están más caros. De momento, no parece que al citado ministro de Fomento le quiten un minuto de sueño estos contratiempos, pues si así fuera no pararía hasta buscar la fórmula que permita aplicar el 75% de forma inmediata. Si en su primera intervención aseguró que tardaría como mínimo seis meses, el viernes anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará un real decreto que recortaría la tramitación a cuatro. Una decisión que no resuelve el problema. Debería explicar qué le impide utilizar la vía del decreto ley, que sí facilitaría su puesta en marcha de forma inminente.
El acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Santa Cruz y Cepsa, por el que la compañía de petróleos decide desmontar la refinería situada en la capital tinerfeña y cede a la ciudad dos tercios de los terrenos que ocupan sus instalaciones, supone una gran oportunidad para el desarrollo de Santa Cruz, lo que obliga a los responsables públicos del municipio a no escatimar esfuerzos y evitar errores cometidos en el pasado. Se trata de un momento que, tal y como demanda el alcalde, precisa de políticos que estén a la altura de la circunstancia histórica que les ha tocado vivir.