En Canarias, donde viven habitualmente más de dos millones trescientas mil personas, tenemos dos asuntos espeluznantes a los que hacer frente: crecimiento sostenible y redistribución de la riqueza. En esos dos frentes hemos fallado hasta hoy.

Ser sostenible significa utilizar con austeridad los recursos disponibles. No sólo el suelo que hemos depredado con construcciones incontroladas. También sería abaratar los costos de las administraciones para que la gente pague menos impuestos y sea una carga más llevadera. Habría que acabar con duplicidades innecesarias, privilegios y chafalmejadas políticas. Significaría cambiar nuestro modelo energético, potenciar nuevas industrias exportadoras y tal vez reducir nuestra fiscalidad al consumo: menores impuestos para regresar hacia nuestras libertades comerciales y arancelarias.

Un estudio del economista Rodolfo Espino, de la ULPGC, responde una pregunta interesante: ¿cuánto pagamos de menos, en impuestos, en Canarias con respecto a la Península? El diferencial fiscal es la diferencia en el esfuerzo tributario que se realiza por los ciudadanos de las Islas -donde la recaudación se sitúa en 10.000 millones de euros al año- con respecto a los otros ciudadanos del Estado. En la actualidad, ese diferencial se sitúa en nueve puntos por debajo del peninsular, aunque llegó a estar por encima de los quince puntos, en los años noventa. Y lo más importante: el diferencial existe para las rentas de las empresas. El dato es extremadamente importante porque antes la diferencia estaba en el consumo. Así pues, lo que ha ocurrido es que el "alivio fiscal" de vivir en Canarias se ha trasladado del bolsillo de los ciudadanos a la caja registradora de las empresas. Tenemos peores sueldos y productos de consumo más caros. Las empresas ganan más y tributan menos. Guárdame un cachorro para cuando haga cría.

Si ese dato se cruza con los costos de la insularidad, el panorama te pone los pelos de punta. El último dato oficial del que se dispone -la actualización del informe Tomillo- lo sitúa en el 22% del valor añadido bruto regional. Es decir, que los costos derivados de la situación geográfica de Canarias superan ampliamente las ventajas fiscales de las que disponemos. Pero, claro, hay que añadir un tercer asunto, que amortigua los costos de vivir en las Islas. Las ayudas que recibimos para el transporte, la agricultura, la desalación de aguas, la energía eléctrica, etc. Ayudas que vienen a sumarse al diferencial fiscal y hacen, en la práctica, que no nos estemos comiendo los unos a los otros.

En estos días Canarias se la está jugando para salvar su modo de vida. Eso que se llama REF, que son los impuestos que se recaudan en Canarias y se quedan en las Islas como fondos propios. Nuestro modo de vida se basa en cuatro patas: en esos impuestos, en la financiación que nos da el Estado para los servicios públicos, en las subvenciones y en el turismo. Y algunas de esas patas empiezan a sufrir recortes.

Consolidar nuestra distinta fiscalidad es un trabajo casi hecho. Nos queda otro asunto más difícil. El problema de Canarias no es su modelo económico porque el turismo es un modelo de éxito. La debilidad radica en dónde van a parar las plusvalías de esa actividad. La gallina de los huevos de oro tiene el corral en Canarias, pero los huevos no siempre acaban en nuestra cesta.

A eso hay que sumar una carga añadida. Canarias fue en el pasado y es ahora una recurrente anomalía. Hemos construido una burocracia que nos come por las patas. La autonomía sale muy cara porque se construyó como un sancocho para contentar a todo el mundo y sin reparar en gastos. Disminuir el peso financiero del sector público aliviaría también el bolsillo de los canarios y sería una apuesta por la sostenibilidad. Pero aquí se habla de fusionar ayuntamientos y parece que estás mentándole la madre a la gente. Y si le hablas a un político de reducir la burocracia se le pone el pelo blanco, pensando en la influencia de los trabajadores del sector público. Y los sindicatos. ¡Qué va, qué va! Seguimos viviendo como nuevos ricos, pagando duplicidades e instituciones suntuarias. Algún día vendrá otro jamacuco económico y seguiremos con la casa sin barrer.

Por lo tanto, cantemos felices, África a un lado, al otro Europa, con doscientos cuarenta mil parados por banda, como si la bonanza fuera a durar eternamente. No habrá una gran reforma antes de que vuelvan las vacas flacas. Ni un cambio profundo. Ni hablar del peluco. El único cambio que han propuesto los padres de la patria es una reforma para aumentar el número de diputados del Parlamento de Canarias. O sea, en vez de menor gasto todo lo contrario: más. Es un pequeño símbolo de que en Canarias todo crece, menos el sentido común.