os grupos políticos del Parlamento de Canarias han fabricado una ficción: que la solución de la situación cr&iLacute;tica de la Televisión Canaria está en la elección de un administrador único. Una figura salvadora que va a poner orden en el caos y luz en la oscuridad. Pero no es así.

os canarios nos gastamos casi cuarenta millones de euros al año en una televisión pública que no es pública ni en su estructura, ni en sus contenidos ni en sus objetivos. a responsabilidad de establecer qué televisión se merecen los ciudadanos de estas islas no está en manos de ningún administrador salvífico, sino en las de los representantes de los ciudadanos.

Si existe alguna comunidad donde tiene sentido un medio audiovisual público, es Canarias. Nuestra realidad insular reclama a gritos un medio donde los canarios puedan conocerse y reconocerse en el relato de lo que sucede de forma cotidiana en cada una de las islas. Hace años que la tele de las Islas debía haber montado una sólida estructura en cada uno de nuestros territorios insulares para ofrecer cobertura informativa de su actualidad al resto de Canarias y para crear un mercado descentralizado de industria audiovisual.

El modelo derivó a otra cosa. Hacia la pésima política capitalina de las influencias y sus intereses. Casi veinte años después de su fundación, la tele apenas tiene personal propio, carece de medios materiales, platós e instalaciones. Y hasta la emisión de la señal está, en flagrante ilegalidad, en manos privadas.

Refundar la televisión era una exigencia de sentido común, a la vista del tiempo transcurrido. Pero nadie se lo planteó. El movimiento inercial de los asuntos públicos la siguió impulsando por un atormentado camino en el que todo se reduce a considerarla una fuente de negocio más que un servicio a los ciudadanos. Y ahora estamos donde estamos. Con un marco legal que se mueve en medio de una nube de tinta de calamar, con un sistema de dirección desarticulado, un consejo rector diezmado e inoperativo, un presidente del ente público dimitido y harto y una plantilla de trabajadores de una empresa privada que se considera parte de un proyecto público que nunca evolucionó a tal cosa.

A buey muerto, cebada al rabo. Elegir un administrador será, en el mejor de los casos, ofrecer cuidados paliativos a un moribundo. o que el Parlamento tiene que decidir es qué televisión se merecen los canarios. Y qué televisión están dispuestos a encomendar que se haga. Y establecido el marco, se pintará el cuadro: el viejo modelo que sirvió para su nacimiento no sirve ya para su madurez. o que no puede ser no puede ser y además es imposible. Todo el abundante estiércol de esta crisis de un sistema complicado, conflictivo e inviable tiene que servir de abono para que nazca un nuevo proyecto. Esa es la gran cuestión que los grupos políticos tienen que discernir mientras esperan en el arcén a que míster Marshall pase de largo.