El 3 de mayo el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia, sobre la que resulta cada vez más evidente una demanda social, y para la que existe suficiente respaldo en la Constitución, que reconoce como fundamentales los derechos a la vida y a la integridad física y moral, pero también la dignidad personal, la libertad o la autonomía de la voluntad. Y lo hacemos porque en el PSOE queremos seguir liderando las conquistas de nuevos derechos y libertades civiles y ciudadanas desde la seriedad y el rigor, habiendo optado para ello por el modelo de aquellos países que se han dotado de una regulación sistemática, ordenada y más garantista de los supuestos en que cabe la eutanasia, una práctica que consiste en provocar la muerte de un paciente por razones médicas, sobre todo cuando una enfermedad es incurable y se acompaña de dolores insoportables, pudiendo ser a su vez activa, si la muerte es causada por la administración de fármacos, o pasiva, cuando se interrumpen los cuidados o los tratamientos iniciados y solo continúan administrándose cuidados paliativos o de confort como los analgésicos.

Quién no ha tenido familiares o amigos que se enfrentan a situaciones vitales con un pronóstico irreversible de muerte, pero que hasta que esta no se produce padecen graves sufrimientos que no tienen remedio ni alivio, generando gran angustia no solo en el paciente, también en sus seres queridos, una situación cada vez más abordada por los medios de comunicación y denunciada por los profesionales de la salud, que, como consecuencia del rígido marco legal existente en España, se encuentran ante una inseguridad jurídica que les intimida cuando tratan de ayudar a una persona a un tránsito digno hacia la muerte, cumpliendo sus deseos, una cuestión cada vez más debatida por las asociaciones que defienden el derecho a morir dignamente y reciben peticiones de ayuda para evitar los sufrimientos innecesarios de personas allegadas.

Y si bien en general quienes se enfrentan a una muerte inminente tienen derecho y acceso efectivo a los cuidados paliativos integrales, o sea, a morir sin dolor, lo que ya se encuentra en parte resuelto en Canarias gracias a una ley autonómica de "muerte digna" (muerte sin sufrimiento), resulta necesaria una ley básica de ámbito estatal para otras situaciones más complicadas que afectan a quienes, sin encontrarse al final de sus días, sufren procesos graves irreversibles y progresivos, que ocasionan tanto sufrimiento físico o psíquico que la persona considera incompatible con su dignidad e integridad moral, una cuestión que no pueden ignorar los poderes públicos.

Y para eso está la eutanasia (muerte anticipada), que precisa de su regulación para que una decisión personal se adopte conscientemente y libre de presiones económicas, sociales o familiares, una opción individual en todo caso que se podrá ejercer o no de acuerdo a sus propios valores morales, y no basta solo con despenalizar la ayuda a morir que prestan los profesionales, sino que urge una ley de eutanasia garante de que la decisión sea autónoma, libre y justificada de acuerdo con el padecimiento irreversible de una persona, de tal forma que esta pueda decidir si prolongar su vida va más allá de su capacidad de hacer frente al sufrimiento y desea morir anticipadamente, lo que nada tiene que ver con el suicidio, con el que se pone fin a la vida voluntariamente por razones subjetivas, mientras que con la eutanasia se atiende un gran sufrimiento sin solución médica, como una prestación más dentro del Sistema Nacional de Salud, a cargo de profesionales sanitarios, si bien salvaguardando la objeción de conciencia de estos y su protección jurídica, para lo que es preciso despenalizar la eutanasia, con lo que incluso muchos cristianos creyentes están de acuerdo siempre que haya una garantía constitucional.

Se trata, en resumen, de una ampliación de derechos de la ciudadanía, tanto en casos de enfermedad grave e incurable sin posibilidad de alivio, pronóstico de vida limitado y fragilidad progresiva, como de discapacidad crónica con invalidez generalizada sin capacidad fundada de curación. Una Proposición de Ley a propuesta del PSOE que ahora tiene que superar la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.

*Médico cirujano. Secretario de Sanidad, Salud y Consumo en la Dirección del PSOE en Canarias

@JVGBethencourt