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La buena gestión de los ayuntamientos debe premiarse

5/may/18 6:18 AM
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En el último pleno del Parlamento pude defender, y concitar la unanimidad de la Cámara, la aprobación de una Proposición No de Ley para la eliminación de las restricciones a la inversión del superávit del ejercicio 2017 de las corporaciones locales, y la modificación del Real Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

El Real Decreto-Ley, convalidado hace unas semanas en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Coalición Canaria, es un avance después de tantas restricciones impuestas por el Gobierno de España, y les permitirá licitar en este año y ejecutar cuanto antes las inversiones.

Sin embargo, esta medida no nos pareció suficiente.

Los ayuntamientos han conseguido, gracias a una buena gestión presupuestaria y gracias al sacrificio de todos sus ciudadanos, unos excelentes indicadores de déficit público, deuda per cápita y pago a proveedores, pasando de acumular millones de euros en déficit a una trayectoria de superávit consolidada.

En realidad, y es justo reconocerlo, comunidades autónomas y ayuntamientos son quienes realmente han contribuido a que España cumpla con los objetivos fijados por Bruselas, salvando el incumplimiento del Estado. Esa buena gestión debe premiarse.

En primer lugar, flexibilizando la regla de gasto, permitiendo unas cuentas más expansivas que repercutan de verdad en el bienestar de sus vecinos.

Esta regla fiscal, impuesta en 2012 por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prioriza el pago de la deuda por encima de la atención de los servicios públicos, ha cumplido su papel para el saneamiento financiero de las haciendas locales.

En 2018 el contexto ha cambiado. Estamos en un momento de inflexión económica en el que esta regla, por la que los ayuntamientos acumulan millones de euros en los bancos que no pueden utilizar, debe revisarse.

En segundo lugar, ampliando la aplicación del superávit para mejorar los servicios públicos y donde las necesidades de los ciudadanos son mayores: en planes de empleo municipales, inversión en servicios sociales, en políticas de igualdad, juventud o vivienda. Además, que el superávit no cuente a efectos del cómputo para el objetivo de estabilidad presupuestaria, igual que no computa en el cálculo de la regla de gasto; de lo contrario, aprovechar el superávit puede llevarles a incumplir la estabilidad presupuestaria.

Y finalmente, permitir el uso del remanente de tesorería positivo, es decir, el uso de los ahorros de años anteriores.

El Real Decreto-Ley es fruto de la presión de los alcaldes reunidos en una asamblea en la que intervino mi compañero de Coalición Canaria Álvaro Dávila, alcalde de Tacoronte. Un municipio con unos 18 millones de presupuesto que acumula 22 millones de ahorros en remanente de tesorería positivo. Y sus ciudadanos no entienden que un ayuntamiento modesto, que no tiene deudas, que no tiene préstamos, que paga al día a sus proveedores, tenga 22 millones en el banco durmiendo el sueño de los justos.

Pongo este ejemplo porque acostumbramos a hablar de grandes cifras, pero la realidad del día a día de muchos alcaldes es la de mi compañero de Tacoronte: gestionar bien y no poder invertir y encima tener que soportar que la oposición los acuse de tener superávit mientras los ciudadanos lo están pasando mal.

No debemos olvidar las enseñanzas que ha dejado esta crisis para prevenir otras en el futuro. Pero hay que buscar un equilibrio que acabe con las restricciones.

Idéntico debate se está produciendo en Europa. A la vista de la crisis del proyecto europeo hay una discusión sobre la profundidad de las reformas necesarias. Existen dos posturas encontradas. La solidaridad que defiende Francia, frente a los ajustes y el rigor presupuestario que exige Alemania.

Tal y como ha dicho Macrón "Hay que articular mejor la relación entre solidaridad y responsabilidad", cuando argumenta la necesidad de abrir vías financieras para fomentar el crecimiento económico.

En esta misma línea exigimos al Estado que deje de priorizar las restricciones y el pago a los bancos para priorizar los servicios públicos y la atención a las personas.

Es hora de poner por delante la solidaridad y permitir que el dinero acumulado por la buena gestión municipal se ponga a circular para generar empleo y mejorar el bienestar de sus vecinos.

*Diputada autonómica de CC

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