Criterios
EDITORIAL

Presupuestos: de la necesidad, virtud

Una sentencia para reflexionar y buscar una sociedad más justa
29/abr/18 6:37 AM
Edición impresa

La minoría parlamentaria que sustenta al Gobierno presidido por Mariano Rajoy logró esta semana que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 pasara su primer examen, gracias al apoyo otorgado por Ciudadanos, PNV, CC y sus socios electorales UPN y Foro de Asturias, además del voto involuntario del diputado de NC, Pedro Quevedo. Un respaldo que ha obligado al Ejecutivo del Partido Popular a elaborar unas cuentas diferentes a las que hubiera diseñado en el caso de gobernar con la suficiente mayoría en el Congreso de los Diputados. Las formaciones políticas que han prestado su apoyo también han ido enriqueciendo el texto con sus aportaciones, lo que ha permitido, por ejemplo, que en el caso de las pensiones se pasara, gracias al acuerdo con el PNV, de la exigua subida del 0,25% contemplada en el primer proyecto al compromiso de incrementar la prestación un 1,6% este año. De igual forma, las formaciones nacionalistas canarias han logrado que el ministro Cristóbal Montoro haya tenido en cuenta las singularidades de las Islas y, en lugar de recortar partidas, como ha ocurrido otros años, se incluya la financiación que el Archipiélago precisa para mantener el estado de bienestar de sus residentes. Aunque sea por necesidad, el diálogo ha generado unos presupuestos más ajustados a la realidad de los españoles, fruto de la contribución que han ido realizando las distintas organizaciones. Ahora solo queda esperar que todos los compromisos adquiridos por el Gobierno de Rajoy se hagan realidad y se consoliden de cara a los próximos ejercicios, pues no cabe duda que se han logrado avances que hubieran sido impensables en otras circunstancias en las que la aritmética parlamentaria hubiera sido más favorable para el PP.

La sentencia del caso La Manada ha provocado un rechazo generalizado en la sociedad, que no comparte la decisión judicial adoptada ante unos hechos suficientemente probados, incluso en el contenido del documento redactado por los tres magistrados. Aparte del repudio social, la interpretación o clasificación jurídica ha suscitado un amplio debate sobre la necesidad de reformar el Código Penal, con el fin de que sucesos como el de la joven de 18 años violada hace dos años en los Sanfermines tengan mayor pena. Es preciso, no obstante, hacer un llamamiento a la cordura, pues tal y como se ha reconocido por parte de distintos sectores de la judicatura, la sentencia está elaborada correctamente y las discrepancias surgen en cuanto a la valoración jurídica. En España existe un sistema garantista de recursos que permiten su modificación. Lo que sí hay que hacer es aprovechar este debate colectivo para analizar si además de hacer modificaciones legales -las leyes solas no cambian la realidad social-, los jueces tienen la suficiente formación en materia de perspectiva de género y, también, por qué no, si el desprecio a la dignidad de las mujeres reflejado por lo ocurrido en Pamplona precisa de reformas educativas y sociales orientadas a poner fin a este tipo de machismo. De lo que se trata, en definitiva, es de lograr una sociedad más justa e igualitaria y en la que la mujer no se sienta nunca discriminada, algo que no se logra solo con postureos políticos y ruido en las redes sociales.

EDITORIAL