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La necesaria recuperación y mejora del empleo público

21/abr/18 6:36 AM
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El pasado mes, la Administración del Estado y los sindicatos más representativos firmaron el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, que se sustenta en un escenario de mejora de la situación económica y presupuestaria.

Este acuerdo pone de manifiesto el reconocimiento a la labor del personal al servicio de las administraciones públicas que, con su compromiso con los valores del servicio público, han contribuido a que España salga adelante.

Si hoy estamos en una mejor situación económica se debe, en buena parte, al sacrificio y al esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía. Todos dejaron atrás derechos, todos dejaron atrás beneficios. La crisis ha sido de tal magnitud que nada será igual después de estos años. Pero ahora que comienza a vislumbrarse la recuperación económica es hora de que los empleados públicos y también pensionistas, autónomos, las pequeñas y medianas empresas, las familias y, sobre todo, los más débiles empiecen a recuperar algo de lo perdido.

Sin lugar a dudas, el Acuerdo es una buena noticia, después de tantos años de una legislación estatal, que obligó a comunidades autónomas y corporaciones locales a restringir y suprimir derechos a los empleados públicos, que supuso la pérdida de poder adquisitivo por las bajadas y la congelación de salarios, que impidió el incremento de las plantillas, ni siquiera para cubrir las jubilaciones y que secuestró la capacidad y la autonomía para la negociación colectiva.

Por primera vez se vincula el incremento de los salarios de los empleados públicos al crecimiento de la economía española. Así, el Acuerdo prevé una subida en tres años con una parte fija y otra variable, vinculada a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB).

La oferta de empleo público también será mayor, puesto que se abre la posibilidad de un incremento de plantillas hasta el 100% de la tasa de reposición e incluso hasta del 115% en el ámbito de la seguridad ciudadana; se establecen criterios para los procesos de estabilización de empleo público y estímulos a los empleados públicos, además de devolver a comunidades autónomas y corporaciones locales su capacidad para la negociación colectiva.

Un conjunto de medidas que a priori nos parecen positivas, pero ya veremos cómo se aplican, porque todas y cada una de ellas vienen condicionadas al cumplimiento por las administraciones públicas de los requisitos de estabilidad presupuestaria y las famosas tres reglas: la regla de gasto, la de déficit y la de deuda.

Y, por otra parte, también echamos de menos medidas para el desarrollo de verdaderas políticas de gestión de personal y para preparar a la administración y a los empleados públicos para hacer frente a la modernización que la administración pública necesita y que la ciudadanía demanda.

Creemos que se pierde la oportunidad de planificar cómo acometer el desarrollo del muchas veces olvidado Estatuto Básico del Empleado Público y la ineludible implantación de la evaluación del desempeño, o cómo abordar el diseño de la carrera profesional y de fomentar la formación, la capacitación y la especialización de los empleados públicos.

En definitiva, lamentamos que el Acuerdo no contenga las previsiones de fondo y de carácter estructural que permitan avanzar en la mejora cualitativa de la Administración Pública y especialmente una mayor apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres.

Esperamos que, después de lo que pasó en las calles el 8 de marzo, el Gobierno de España haya tomado buena nota en lo que afecta a los empleados y empleadas de la Administración Pública.

Y también esperamos que medidas como estas, que suponen para los empleados públicos empezar a recuperar los derechos que la crisis se llevó, puedan llegar también a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las familias, a los pensionistas, y a los más débiles de la sociedad.

*Diputada autonómica de CC

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