Pródigo en lluvias y venal en temperaturas, el cuarto mes trajo efemérides que marcaron a sangre y fuego nuestra historia contemporánea. Hoy se cumplen ochenta y siete años de la proclamación de la II República y la huida de Alfonso XIII hacia el exilio; y el pasado día primero -y no es gratuita la elección de la fecha- el setenta y nueve aniversario del fin de la Guerra Civil, desatada por el golpe de Estado que lideró el general Franco el 18 de julio de 1936. Las ilusiones republicanas apenas cubrieron un lustro; la dictadura casi tocó las cuatro décadas.
Nuestra democracia es -acepten la metáfora- una sana cuarentona que, pese a las inclemencias del tiempo, resiste con la Constitución que avala derechos y proporciona garantías y que, por edad y el rumbo de la globalización, exige reformas urgentes y pactadas. Y, pese a su abierta contradicción, los adjetivos son imprescindibles.
Ahora, el pesado procés, el prófugo Puigdemont y sus afines recibieron un balón de oxígeno de la Audiencia de Schweslig Holstein, que consideró inadmisible el delito de rebelión por el que el recadero del clan Pujol y de Artur Mas es juzgado en España y le puso en libertad con fianza; y solicitó documentación para la causa de malversación, contenida también en la euroorden firmada por el juez Llarena.
La decisión de una instancia territorial de un país de la UE, que choca de plano contra la instrucción del Tribunal Supremo de otro Estado, provocó un debate sobre la justicia en una comunidad supranacional que, según Le Figaro, "es aún un sueño lejano". La exculpación de los jueces alemanes es curiosa, en tanto reconoció actos violentos pero no les vio la "envergadura suficiente para la capitulación del Gobierno, por lo que no constituyen un delito de rebelión", aunque se hayan vulnerado todos los ordenamientos.
Coincidimos con el diario galo que acusa a los separatistas de vulnerar "las normas estatales y propias, expulsar a las empresas, mentir a los ciudadanos, causar miedo y ansiedad a todos los catalanes y, ahora, gracias a la libertad de movimiento en la Unión y, gracias a ser un ciudadano europeo, el señor Puigdemont podrá eludir las responsabilidades por los delitos cometidos". Los países con pleitos, e incluso sensibilidades, secesionistas ya saben a qué atenerse y el valor de una euroorden en el marco comunitario.