Hace unos días el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuestionaba las notas del alumnado canario en las pruebas de acceso a la universidad. Y en esta línea, su partido ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para homogeneizar los criterios de evaluación, ya que para Ciudadanos resulta sospechoso que los resultados de las pruebas de acceso a la universidad en Canarias sean superiores a los obtenidos en las evaluaciones PISA.

Sabiendo que son pruebas totalmente distintas: que se realizan en momentos diferentes, con alumnos diferentes y que evalúan cosas diferentes, Ciudadanos muestra un desconocimiento total y absoluto del sistema educativo y una falta total de respeto a la comunidad educativa canaria.

Me sumo a la indignación de la comunidad educativa porque, señor Rivera, es muy grave poner en entredicho el esfuerzo del alumnado canario y la profesionalidad de los docentes y universidades canarias. Aunque no me sorprende porque en esto ya son reincidentes. Ya advertía de la deriva peligrosa de iniciativas que ponen en entredicho a la comunidad educativa, como cuando de la mano del PP plantearon controlar al profesorado a través de la Alta Inspección Educativa, invadiendo competencias transferidas a las comunidades autónomas, generalizando y poniendo en entredicho al profesorado, cuando ya las comunidades autónomas tienen sus servicios de Inspección Educativa. Simplemente lo hicieron porque estaban en el oportunismo político en plena campaña catalana.

Es en el proyecto de orden del Ministerio de Educación sobre la Evaluación de Acceso a la Universidad (EBAU), la nueva selectividad, donde se determinan las características, el diseño, el contenido, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2017-2018. Y fue valorado positivamente por la Conferencia de Rectores de Universidad de España (CRUE) porque evita diferencias entre comunidades y despeja incertidumbres a estudiantes y familias.

Pero además de las declaraciones de los rectores, Ciudadanos se enfrenta a un 30% del contenido de Bachillerato que es autonómico, lo que imposibilita homogeneizar los criterios de evaluación más allá del 70% que corresponde al contenido estatal. Por lo que es de suponer que su propuesta se plantea como una tarea imposible a no ser que se elimine dicho 30% autonómico. Es decir, la vuelta a un sistema educativo centralizado. Y esta proposición podría ser un paso más en esa dirección. Y la polémica con la EBAU en Canarias apunta a ser una farsa generada para crear opinión y justificar dicho paso.

Me gustaría que tanto Ciudadanos como el PP, cuando hablaran de homogeneizar en educación, en lugar de referirse a los criterios de evaluación o los intentos por centralización, se refirieran a la igualdad real de oportunidades de acceder a una educación de calidad. No solo entre diferentes territorios sino también entre diferentes estudiantes con diferentes recursos. Pero esto está lejos de su ideario político.

Insisto porque desde que el PP gobierna ha habido cinco años de recortes continuados, y el pasado año 2017 el incremento de los presupuestos generales del Estado con respecto al 2016 fue insignificante en materia de educación: un 1,7%, 2525 millones, que está muy lejos de los 2843 millones de euros de 2011 con un gobierno socialista. España alcanzó en 2010 un gasto cercano al 5% del PIB, cifra que mantenía a España en torno a la media de la Unión Europea, pero que en el 2016 cayó hasta un 3,9% por el objetivo que el Gobierno del Partido Popular se había marcado en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, e incluso caerá al 3,7% del PIB para el año 2020, lo que va a seguir produciendo más desigualdad, más abandono escolar y menos recursos, es decir, un recorte en la igualdad de oportunidades.

A lo que hay que sumar, entre otras cosas, las consecuencias del Decreto 14/2012, que ha traído consigo el aumento de ratios, la no cobertura de sustituciones o el aumento de horario lectivo. En definitiva, cientos de miles de alumnos más y miles de profesores menos. Sin olvidarnos, del endurecimiento de las condiciones para el acceso a las becas o los recortes en las cuantías que ha dejado a tantos estudiantes fuera del sistema educativo porque carecen de recursos económicos para estudiar. ¿Para cuándo hablarán del verdadero criterio para garantizar la igualdad, es decir, los medios para que los hijos e hijas de las familias con menos recursos y más dificultades tengan las mismas oportunidades?

Como docente, sé que educar no es una tarea fácil y en el actual contexto cada vez es más complicado. Por eso me indigna significativamente que se ponga en tela de juicio la labor del profesorado. Éste padece un gran desánimo y se siente muy solo ante los retos educativos de hoy en día. Cada vez es más difícil el trabajo diario y, sin embargo, en lugar de poner en marcha medidas encaminadas a dotar al profesorado de herramientas para desarrollar su labor docente, los recortes no han cesado.

Es indispensable mejorar el estatus social de la profesión docente como principio fundamental para la mejora de la calidad del sistema educativo, implementando acciones que contribuyan al desarrollo de su competencia profesional y que se canalicen los mecanismos para progresar en el bienestar del profesorado, y con declaraciones como las que ha hecho el líder de Ciudadanos y con los recortes en Educación que venimos padeciendo se deja a los docentes a los pies de los caballos.

Estos, señores y señoras de Ciudadanos, son los verdaderos problemas del Sistema Educativo y es lo que se debe revertir para que los jóvenes de hoy y los de mañana tengan posibilidades en un mercado laboral cada vez más competitivo y en mundo globalizado y para que España sea un país competitivo gracias al conocimiento.

*Senadora del PSOE por Tenerife