El anuncio y posterior aprobación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ha suscitado esta semana todo tipo de interpretaciones. También ha dado pie a que se viera más de un codazo al tratar de ponerse las "condecoraciones", pues, además de los redactores del documento, en su elaboración han intervenido -es lo que se deduce de tanta declaración- un buen número de colaboradores. Muchos, al ser unas cuentas realizadas con la vista puesta en las elecciones de 2019, que incluyen soluciones para todas las carencias que los españoles han sufrido durante la última crisis. Sin entrar en lo acertado de las mismas y si realmente se adaptan a las circunstancias que vive el país, ya habrá tiempo para ello si reciben el visto bueno de las Cortes, lo que sí hay que dejar claro desde un principio es que se trata de un presupuesto virtual mientras el Gobierno de Rajoy no logre -algo complicado, por el momento a tenor de la posición que mantiene el PNV- los apoyos necesarios para sacar su proyecto adelante. Y si fuera así, su aplicación se vería reducida a los últimos seis meses del año, lo cual no deja de ser un handicap añadido. Conviene insistir en estos dos últimos aspectos, pues en determinados ámbitos parecen estar sumidos en el cuento de la lechera y no paran de anunciar la llegada de grandes cantidades de dinero a las Islas antes incluso de que el ministro Montoro las detallara. El Ejecutivo canario debe estar atento, no dejarse deslumbrar por las luces de bengala y mantener su presión sobre el Gobierno central para que saque adelante cuanto antes las cuestiones que tiene pendientes con el Archipiélago. Por ejemplo, los diferentes convenios bilaterales en materia de carreteras, obras hidráulicas, rehabilitación turística y empleo. La mejora de las pensiones, el incremento del descuento de los vuelos entre las Islas y la Península o la financiación adicional anunciada a bombo y platillo por algunas fuerzas políticas son, hasta el día de hoy, un mero proyecto con muchas limitaciones políticas para hacerse realidad.
Resulta muy positivo que debates como el modelo de promoción del turismo o la formación que se imparte en las Islas destinada a este sector tengan lugar en el Parlamento de Canarias, tantas veces alejado de la realidad. Más aún si en ellos participan los protagonistas de la actividad que mayor riqueza genera en el Archipiélago. La presencia del alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, en la Cámara autonómica, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, no debe ser una excepción. Ni su intervención debe caer en saco roto. Al contrario, debe servir para reflexionar sobre la política que se está llevando a cabo en este ámbito, si es acertada y corregir los errores que se estén cometiendo. En especial, en el aspecto formativo. Canarias continúa creando empleo y generando riqueza, pero, sin embargo, mantiene unas altas tasas de paro y elevados niveles de pobreza, fundamentalmente porque los puestos de trabajo son ocupados por personas que vienen de fuera. Adaptar la oferta del sistema educativo a las demandas del mercado laboral continúa siendo una asignatura pendiente a pesar de los pasos dados en los últimos años.