En las actuales circunstancias de inseguridad que atraviesa el mundo, y concretamente Europa, nada puede extrañarnos que algunos países como Francia, Alemania, Suecia, Noruega, entre otros, se hayan replanteado el restablecimiento del Servicio Militar Obligatorio (SMO) para que todos los jóvenes -hombres y mujeres- realicen una prestación personal a la defensa de su país en las filas de las Fuerzas Armadas (FF AA), por lo que a nosotros, en España, no puede causarnos extrañeza, no solo por el aporte en sí de estos jóvenes, sino por el incalculable valor con el que contribuirían a la socialización de España, a la interrelación entre los ciudadanos, pero, sobre todo, por su contribución a la vertebración de este país compuesto hoy por personas de una gran diversidad cultural, social, incluso lingüística, que están siendo formados en unos planes educativos centrados en la visión de su propia comunidad autonómica, y no de España como conjunto histórico y común de todos los españoles.

Afirmar que las FF AA, a través del SMO, tienen por finalidad la de formar ciudadanos, no es del todo cierto porque esa no es su principal misión, para eso está la familia y las escuelas. La misión principal de los ejércitos es preparar a sus hombres y mujeres para la defensa de España, que es un derecho y un deber constitucional, no lo olvidemos. Pero tampoco podemos olvidar el servicio que los ejércitos prestaron a la nación durante el caduco modelo de SMO, en el que además de instruir y formar a los hombres como soldados o marineros, les preparó para integrarse en la sociedad en igualdad de condiciones, facilitándoles el acceso al mundo laboral a través de los planes de Promoción Profesional del Ejército (PPE), cursos de conductores de todas las categorías, e incluso redimiéndoles del analfabetismo, certificados de estudios primarios, graduado escolar, etc.

Soy consciente de que volver al modelo de SMO, como estuvo presente en España, en la actual época del smartphone, de Internet, de las redes sociales, etc., donde la juventud reclama derechos y olvida sus deberes, es tarea difícil porque los jóvenes no han sido, ni están siendo educados para entender ese derecho y deber. Pero algo habrá que hacer para contribuir a la cohesión del país, especialmente en esta época juvenil a caballo entre la formación educativa y la vida laboral, como así lo están entendiendo en otros países de nuestro entorno.

El SMO permitió que en las filas del ejército todos los ciudadanos españoles fueran iguales, sin castas ni plebes, sin distinción entre los procedentes de la ciudad o del pueblo, ni entre ricos y pobres. Todos juntos vestían el mismo uniforme y se regían con la misma disciplina, normas y actividades.

Recordemos que en España el SMO fue suprimido en el año 2001. Desde entonces, casi nadie lo ha extrañado, ni siquiera se ha planteado reinstaurarlo. Los motivos que impulsaron a su suspensión fueron cuatro principales: el primero por necesidades de la Defensa. Segundo, por la necesidad de disponer de unas FF AA profesionales de carácter voluntario, como exigencia operativa. Tercero, por exigencias políticas, Y cuarto, por el manifiesto rechazo de la juventud española a prestar un servicio obligatorio a la nación, testimoniado en una imparable objeción de conciencia e insumisión.

En España, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, en referencia al establecimiento del SMO en Francia, ha declarado que "el SMO ahora mismo no es viable, ya que requeriría cambiar el modelo actual de las FF AA así como un incremento importante del presupuesto de Defensa".

Volver al SMO en España, ahora, sería un suicidio político, primero porque no existe una necesidad militar que lo justifique, y segundo porque el concepto de obligatoriedad no gusta nada a la sociedad española, carente de mentalidad y de identidad nacional, ni educación cívica para asumir que es un derecho y un deber de todos los españoles contribuir a la defensa de España. Así, los datos obtenidos en encuestas sitúan a los españoles entre los europeos con menor autoestima nacional.

LO QUE HAY

José Manuel Clar Fernández