Suponiendo que exista algo bueno o positivo en los aconteceres del denominado "proces" catalán, donde, aparte de que se ha convertido en una tragicomedia, al parecer Saturno intenta devorar a sus hijos con la intención de que ninguno de ellos le suceda en el poder, sí ha servido de catalizador de varios acontecimientos que están definiendo la política económica, social, laboral, reivindicativa e incluso patriótica de esta España de los contrastes; donde hemos pasado de la más absoluta indiferencia por el devenir de nuestra ofendida, vapuleada y maltratada España, por una buena parte de los nacionalistas e independentistas de todo pelaje y condición, apoyados y jaleados por el populismo radical de izquierdas que defiende aquello de cuanto peor mejor, a sacar las banderas de España a los balcones y situarnos a la cabeza de las manifestaciones en defensa de la unidad de la democracia y de la libertad de los españoles.

También ha servido para que una buena parte de la ciudadanía se diera cuenta de que el sistema autonómico se ha convertido en un dragón con diecinueve cabezas -si incluimos a Ceuta y Melilla-, cuya ansiedad de poder y de dinero son infinitas y ha puesto de manifiesto los abusos, despilfarros, desigualdades y discriminación que existen entre los españoles en función del territorio donde viva. Como ha sucedido con la afrenta entre lo que ganan al mes los mozos de escuadra y las demás policías y guardias civiles del resto del territorio español -no digamos ya algunas policías locales-; que ha servido de detonante de una serie de reivindicaciones salariales, que ha tenido enfrentados a dichos colectivos con los ministerios de Hacienda y de Interior hasta ayer mismo. Y, al parecer, dicha equiparación se va a llevar a cabo en el periodo de tres años. Esperemos que sea así.

Pero, claro está, estos hechos han puesto en pié de lucha a otros colectivos que ahora dicen aquello tan español de: "Y qué hay de lo mío". Como los pensionistas, que exigen una subida más digna que el mísero 0,25%; o como los funcionarios de prisiones o como los de justicia que ahora piden y exigen una equiparación salarial con respecto a otros colectivos autonómicos que, cumpliendo sus mismas funciones, cobran al mes mucho más que ellos. De hecho, el propio sindicato CSIF ha denunciado la discriminación existente entre la Administración General del Estado que paga de media un 25% menos a sus empleados públicos con respecto a otras administraciones autónomas e incluso locales.

Y si hablamos de las desigualdades de los salarios a nivel global en el territorio español, entonces las cifras se disparan; de hecho, la brecha salarial entre los que más cobran, como puedan ser en el País Vasco, y el que menos, como puede ser Extremadura, podemos estar hablando de una diferencia de hasta 8.600 euros. Y sucede igual con los impuestos donde cada comunidad los quitan o los ponen a conveniencia.

Demostrándose una vez más que la descentralización política y económica no ha servido, como estaba previsto, para acercar más a las distintas administraciones públicas al ciudadano; sino que, en todo caso, ha servido para crear parcelas de poder que la mayoría de las veces han derivado en un gasto abusivo y descontrolado de parte del dinero público -el que no se han llevado directamente a sus bolsillos-, para crear un clientelismo leal, devoto y afecto que, mezclado convenientemente con la utilización del idioma como arma política excluyente y diferenciadora -las comunidades que lo tengan-, y el oportuno adoctrinamiento en las escuelas -casi todas ellas-, más la utilización política de sus policías autónomas -tal como viene sucediendo en Cataluña-, ha conducido a que se crean los dueños del cortijo.

Y, claro está, nosotros, los ciudadanos votantes y pagadores de impuestos, se lo hemos permitido; al menos hasta ahora.

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